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Una ley que favorecerá al cooperativismo de trabajo en Entre Ríos

05/31/2017 - 20:05
La iniciativa está en sintonía con el programa “Compre Cooperativo” que la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo está impulsando hace tiempo, a lo largo y ancho del país.
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La federación de cooperativas federadas de Entre Ríos (Cotrafer) se encuentra trabajando fuertemente en el proyecto de ley “Régimen de promoción al trabajo cooperativo destinado a cooperativas de trabajo”. Lo están haciendo de manera conjunta con la legisladora provincial Leticia Angerosa.

Se trata de una herramienta que pueda encontrar respuestas a las dificultades que tienen las cooperativas para acceder a determinados trabajos de obras públicas, concursos de precios y licitaciones. En Entre Ríos se beneficiarían con ella más de 550 empresas sociales autogestionadas, lo que desemboca en un número mayor a 8000 trabajadores y trabajadoras cooperativistas.

"Esta ley nos permitiría ingresar al campo laboral, sería el camino que permitirá poder construir viviendas en cada municipio ya que ellos gestionarían sus necesidades y sería la Nación quién respondería a cada participante de las obras, no dejando de observar que también se abren las alternativas de que algunos municipios recurran a empresas privadas en perjuicio de los autogestionados", explica Edelmiro Díaz, presidente de Cotrafer, una de las federaciones entrerrianas de cooperativas cuya sede está en la ciudad de Gualeguaychú.  

La ley provincial entrará esta semana en la cámara de senadores para su aprobación y en los próximos días tendrá igual tratamiento en diputados, dando definición a una herramienta que, sin dudas, equiparará las condiciones del sector cooperativo con el privado.

Los puntos sobresalientes del proyecto indican que se creará un registro provincial de cooperativas de trabajo en el cual deberán anotarse, de manera excluyente, todas las empresas sociales para participar del régimen. Asimismo, está previsto que se anticipará hasta un 30% del monto contratado y se amortizará de manera proporcional con los certificados de obra a emitirse en la primera mitad de la misma. También contempla un fondo de garantía de hasta el 5% del monto a contratar, que en cada situación deberá ser aportado al inicio de las obras. Ese monto saldrá del fondo de la economía social y, al finalizar la obra, cada cooperativa con los ingresos adquiridos, deberá reintegrar un porcentaje. De esta manera se permite la participación de este importante sector de la economía social en las obras estatales.

"Las cooperativas de construcción trabajamos en la obra pública construyendo más de 1500 viviendas, peatonales, centros de salud, pavimentos articulados, entre muchas otras. Todo esto pasó a través de las cooperativas. Hasta no hace mucho tiempo atrás éramos privilegiados tanto en el orden provincial como municipal con respecto a las obras públicas”, afirma Díaz planteando que si bien ese compromiso con el cooperativismo de trabajo sigue existiendo en algunos territorios, la realidad y el contexto político de la actualidad es distinto al de años anteriores. “Los recursos que venían antes ya no llegan. Nuestra actualidad es de pequeñas obras que escasamente alcanzan a dar respuestas a nuestras necesidades básicas", finalizó.

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