Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual

Un claro día de justicia

(Publicado en Revista Autogesión - 2009)

Las entidades de la economía solidaria fueron discriminadas por décadas: se pensaba la comunicación sólo como lucro y no como servicio. La Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual ya vigente, que reemplaza el decreto ley 22.285 de la dictadura, hace justicia; habilita a estas entidades a prestar un servicio estratégico, pero también se plantea un gran desafío: el de ocupar -con contenidos de calidad- parte del tercio del espectro radioeléctrico reservado para las organizaciones sin fines de lucro.

Nació en Argentina una nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que sienta precedente para la creación de otras leyes estratégicas en el país, y para un cambio en el resto de América Latina. Esto, en general. En particular, en cuanto al sector cooperativo, hace justicia por primera vez al reconocerlas -por fin y tras una larga lucha- como prestadoras del servicio de comunicación.

La ley 26.522 (http://www.comfer.gov.ar/web/blog/wp-content/uploads/2009/10/1010-ley.pdf) reemplaza al decreto 22.285 de la última dictadura militar y revoluciona desde el 10 de octubre pasado, madrugada en que fue sancionada, la manera en que estaba reglamentada la comunicación. Hay básicamente dos formas de pensarla para luego practicarla: como negocio o como derecho humano, como un servicio. Si se deja hacer a la mano “visible” del mercado –con ayuda de la intervención del Estado a favor de los que más tienen- la resultante es la primera, y la propiedad está cada vez más concentrada. Si se piensa que el Estado debe intervenir pero con política pública a favor de los eslabones más débiles de la cadena y garantizando la pluralidad de voces, la opción es la segunda.

El espectro radioeléctrico es patrimonio de la humanidad, un recurso no renovable que administran los estados y por el que se transmiten las señales. En la primera opción, la que entiende la comunicación como lucro, hay reserva del espectro radioeléctrico de hecho, pero para los pocos que lo concentran. Estos pocos, después de 26 años de accionar bajo el decreto 22.285 han generado un mapa concentrado, monocorde, silenciador de otras voces y grises.

Tras décadas de esta normativa vetusta quedó conformado un estado de situación que era más o menos así: De un lado estaban las corporaciones, y del otro –en los últimos años- la Coalición por una Radiodifusión para la Democracia conformada por decenas de sindicatos, universidades, organismos de derechos humanos como Madres de Plaza de Mayo, Abuelas, CELS, las dos centrales CGT y CTA, cooperativas, mutuales, organizaciones sociales, piqueteros, periodistas, locutores, técnicos, carreras de periodismo…, todos con la consigna de avanzar sólo en los puntos en que se estaba de acuerdo. Así nacieron los 21 puntos por una nueva norma (embrión de la Ley) presentados el 27 de agosto de 2004. Por supuesto ni esto ni lo que vino después fue televisado.

Los integrantes de la Coalición realizaron cientos de foros, charlas y talleres desde Ushuaia a La Quiaca con los que hacían docencia para generar más consenso y este año se presentó el anteproyecto que contenía los 21 Puntos que se volvieron a discutir en otros 24 foros hasta la sanción de la ley.

Y fue contundente: en Diputados por 147 votos afirmativos, 4 negativos y 1 abstención y generando un nuevo arco de alianzas del Frente para la Victoria y la oposición de centroizquierda; en Senadores, por goleada: 44 a favor, 24 en contra. Fútbol éste, que sí fue televisado.

El mapa que empieza a morir

“En Latinoamérica casi la mitad del mercado de productos y servicios de la información y comunicación se halla, en promedio, controlado por un solo operador (45%).

En Argentina las industrias infocomunicacionales están controladas por los cuatro primeros operadores (el 84% del mercado) que además son los mismos dueños de ramificados en todas las hileras productivas de este tipo de industria. Las consecuencias: La concentración de medios tiende a la unificación de la línea editorial, además vincula negocios del espectáculo, la economía en general, la política, lo que dificulta la autonomía de los medios; por otro lado, genera centralización geográfica a la hora de la producción de contenidos en los lugares sede de los principales grupos como en Ciudad de Buenos Aires”, resumen los académicos Martín Becerra y Guillermo Mastrini en su libro de reciente aparición Los dueños de la palabra.

En la Argentina, sólo ocho ciudades tienen más de una señal de televisión abierta, y más del 50% del territorio nacional no tiene acceso a la televisión por aire gratuita, por lo que sus pobladores deben asumir el costo de sistemas satelitales o de cable para los argentinos que sí acceden a la televisión: el 83% de los contenidos que circulan por las pantallas de todo el país son retransmisiones de los canales porteños, principalmente canal 11 y canal 13.

“Y nos hablan de competencia desleal”, ríe Miguel Rodríguez Villafañe, abogado y profesor en Derecho cooperativo y mutual, presidente de la Asociación Iberoamericana de Derecho de la Información y de la Comunicación (AIDIC). “En Bahía Blanca por ejemplo, Multicanal y Cablevisión vendían el servicio de cable a 100 pesos y al lado, en Punta Alta, la cooperativa lo hacía a 47, entonces estas empresas decidieron cobrar 42, por debajo del costo, para matar a la cooperativa… si eso no es dumping ¿dónde está?”.

A partir de esta nueva Ley, las cooperativas y mutuales pueden hablar de seguridad jurídica, usando un concepto al que echan mano los multimedios que oligopolizan el mapa de la comunicación. Pero deberán hacerla efectiva en la práctica para que no quede en letra de molde.

El mapa que empieza a nacer

“Las cooperativas por naturaleza y definición no son personas jurídicas comerciales, son entidades sin fines de lucro”, define en su libro de reciente salida “Los fines justifican los medios –Radiodifusión Cooperativa y Mutual-“, Miguel Rodríguez Villafañe. En él no sólo recorre la historia de estas entidades y su relación con la comunicación sino que es tan actual que puntea los principales aspectos que establece para ellas la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual:

*La norma rige a toda la comunicación audiovisual (deja afuera a la gráfica). Busca abaratar y universalizar el servicio por ser un derecho humano.

*La prestación de este servicio no debe quedar librada a la actividad privada comercial y establece que el Estado para de ser subsidiario para garantizar el negocio de algunos, a ser  responsable de garantizar el derecho de todos a la comunicación.

*Las cooperativas y mutuales están incluidas entre los prestadores de este servicio como gestión privada sin fines de lucro.

*Las cooperativas y mutuales estarán representadas en el Consejo Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, el organismo que tiene diversas funciones como la de elaborar los llamados a concurso de adjudicación de licencias, presentar ante el Defensor del Público (nueva figura también) los requerimiento del Público, hacer un informe anual a la Comisión Bicameral (también nuevo espacio que se crea a partir de la Ley y contempla las minorías parlamentarias); asesorar a la Autoridad de Aplicación que reemplaza el vetusto y autoritario COMFER.

*Establece una tarifa social a las prestaciones de TV paga.

*Y lo más importante: Establece la reserva del 33% del espectro radioeléctrico para las entidades sin fines de lucro. Es decir que este patrimonio de la humanidad, éste bien no renovable que es el espectro, que administran los estados, debe ser en un 33% cuidado para que lo ocupen las organizaciones que no entiendan a la comunicación como un lucro.

Esta Ley en definitiva apunta a la tendencia contraria que se ha venido generando en el mundo hasta ahora para entender a la comunicación sin fines de lucro. “Nos quieren aplicar las ‘3 P’: que seamos pocas, precarias, pequeñas. Y en nuestro país no son 3, son 12 P: Pocas, pobres, pequeñas, con permisos precarios provisorios con poca potencia para postergar propuestas populares”, dice Villafañe. “Esta ley habilita la eliminación de estas P, pero el cooperativismo debe ser conciente de que no alcanza con la ley. Tendremos que pelear en cada rincón, no permitamos que le pongan precio a nuestros valores”, concluye.

Todas las voces todas

*Miguel Rodríguez Villafañe, presidente de la Asociación Iberoamericana de Derecho de la Información y de la Comunicación (AIDIC)

“La ley que nos regía fue una alianza entre la economía del lucro y el autoritarismo político al punto tal que establecía que la radiodifusión estaba entregada para quienes pudieran hacer negocio y el Estado se encargaría de subsidiariamente los demás lugares que no fueran negocio. Pero nunca en esos lugares nos iban a dejar a las radios comunitarias por ejemplo, las radios que tenemos una visión diferente o a las entidades de la economía solidaria como las cooperativas y las mutuales. Para los defensores del lucro era peligroso que tuvieran la radiodifusión la economía solidaria y para los defensores del autoritarismo político la dinámica democrática era peligrosa. En 26 años de democracia que esto siguiera rigiendo era inaceptable. Esto terminó con la sanción de la nueva Ley”.

*Javier De Pascuale, Diario Comercio y Justicia Editores, Cooperativa de Trabajo Ltda.

“Esta Ley establece la reserva del espectro radioeléctrico para las organizaciones sociales, defiende el espacio de los medios públicos que son los únicos que aseguran la cobertura a todos los habitantes del país, y porque elimina las discriminaciones de las que éramos víctimas las organizaciones cooperativas para acceder a licencias de radiodifusión.

Así lo consideramos desde la Cooperativa Comercio y Justicia y desde las cooperativas

de prensa que hemos fundado: la Asociación de Diarios Cooperativos de la República Argentina (ADICRA) y la Cooperativa Diarios y Periódicos Regionales Argentinos (DYPRA) como un momento fundante”.

*Néstor Busso, presidente de FARCO (Foro Argentino de Radios Comunitarias)

“Esta no es sólo una nueva ley, es una nueva puerta para construir otro país, puerta que abrimos juntos con todos los sectores que integran la Coalición por una Radiodifusión Democrática que incluye al cooperativismo. En el viejo concepto liberal, el Estado no tiene que hacer nada porque cualquier intervención suya es censura y la comunicación queda librada al mercado. Para nosotros el Estado debe intervenir para asegurar el derecho a la comunicación promoviendo, facilitando las voces de todos los sectores. En los últimos años el Estado intervino pero facilitando la concentración, haciendo reserva de mercado donde las cooperativas no podían entrar. Es un insulto que nos digan que esta es la ley K, es nuestro, es de las Madres, Abuelas, organizaciones sociales, trabajadores”.  

*Felipe Boccoli, presidente de la Federación de Cooperativas de telecomunicaciones de la República Argentina (FECOTEL)

“Multicanal y Cablevisión tienen entre los dos 270 cables de la República Argentina. Nosotros no podemos tener eso. Dicen que somos muy subversivos los cooperativistas, pero lo que pedimos es igualdad, somos tan subversivos que pedimos lo que pedían los revolucionarios franceses hace más de 200 años. Nosotros no hacemos lobby, reclamamos

derechos que es una cuestión muy distinta”.

*Patricio Griffin, presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES)

“En los últimos 15 años se han constituido 180 cooperativas que dan cable en 180 localidades del país. Todas tuvieron que reclamar su derecho a brindar este servicio judicialmente. El decreto anterior no se los permitía y muchas debieron falsear su identidad como cooperativa comprándole el 90% a una Sociedad Anónima para poder operar. Hoy, esta ley que es anti monopólica, generará que por cada monopolio pueda haber 20 concesiones que darán trabajo. Las cooperativas (de servicios) son las únicas con la capacidad económica, gerencial, de instalaciones para brindar el servicio de comunicación. Que la ley sea efectiva dependerá también de que las cooperativas tomen el desafío como propio”.

*Antonio Roncoroni, presidente de la Cooperativa Telefónica de Villa Gesell (Cotel)

“No sólo las cooperativas telefónicas, sino el cooperativismo entero de la Argentina, tuvo que esperar 28 años para que se haga este primer intento. Era una suerte de locura que objetivamente los medios con fines de lucro pudieran hacer lo que las cooperativas

Telefónicas hacen y las cooperativas no pueden hacer lo que los medios privados comerciales hacen”.

Edgardo Forn, presidente de Cooperar.

“Las cooperativas hemos sufrido la discriminación y además la acción perversa y negativa de los entes monopólicos y oligopólicos que brindan el servicio de cable. Y para no hablar en abstracto vamos a dar ejemplos concretos. En la ciudad de Punta Alta existe la cooperativa eléctrica más antigua de la República Argentina. Gracias al ingenio y empeño de la cooperativa, brindan el servicio de cable a un precio que es aproximadamente la mitad de lo que cobra el monopolio en la ciudad vecina de Bahía Blanca. Sin embargo, para afectar a la cooperativa ese mismo cable monopólico y oligopólico ha hecho una política de dúmping para destruir a la gestión cooperativa y quedarse con el conjunto de los mercados de esa ciudad del sur bonaerense. Este es un ejemplo concreto de la modalidad perversa y concentradora en la que actúa precisamente el grupo monopólico. Nuestro movimiento es profundamente democrático, y en este sentido coincidimos en plenitud con

los 21 puntos de la Coalición por una Radiodifusión Democrática, particularmente cuando señala que si pocos manejan las voces o el acceso a los medios es imposible construir una genuina democracia.