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TIERRA DEL FUEGO

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Control del Fraude

•    Es necesario que el Estado controle la actividad de las cooperativas para evitar el fraude laboral y la terciarización de la mano de obra.
•    Poner un tope a la cantidad de asociados para evitar las pseudo-cooperativas.
•    Fortalecer la democracia interna, informar por distintos medios la convocatoria a la asamblea. 

Ingreso

•    Si bien aspiramos a cubrir el monto del salario mínimo (hoy en $ 4.700), lo cierto es que las cooperativas de trabajo no pueden garantizar un ingreso estable. 
•    Esa característica de ingreso inestable debe ser tenido en cuenta en lo previsional, seguridad social y tributario.

Contratación del Estado

•    Las cooperativas deben poder participar de la planificación de los Programas de Inclusión Social que hacen Obra Pública, intervenir en la organización del trabajo y en el destino de los fondos.
•    Es importante garantizar la continuidad del trabajo.
•    Que la obra pública reserve un porcentaje determinado para la contratación de cooperativas de trabajo.

Integración

•    La integración regional es importante para lograr la autonomía de las cooperativas de trabajo, sobre todo para salir del manejo de algunos municipios.
•    La integración es necesaria para participar de la organización de los Programas de Obra Pública y poner las condiciones de trabajo.
•    Las federaciones pueden garantizar la continuidad de los trabajos, hacer talleres productivos, inventar el trabajo, capacitar en oficios.
•    La integración es necesaria para competir con el privado, para participar de licitaciones.
•    Otro aspecto de la integración es la colaboración entre cooperativas para un trabajo determinado. Se propone la reglamentación de Contratos de Colaboración, bajo la supervisión de una sola cooperativa.
•    La ley tiene que contar con la posibilidad abierta de agremiación a sindicatos. 

Representación gremial

•    Es importante el aporte del asociado para su representación gremial, en torno al 1% o 2%. También es importante un aporte para fortalecer su propia cooperativa.
•    Que la federación represente a la cooperativa en sus derechos.
•    Hay que hacer valer el derecho de representación gremial. Hay municipios que no quieren contratar cooperativas que están federadas.

Régimen Impositivo

Se propuso un régimen impositivo diferenciado, dada la diferencia sustancial con las empresas privadas. 

Seguridad social

Se propone la libre contratación de ART, que tiene cobertura más amplia que los Seguros Sociales, y que la cooperativa se haga cargo del contrato. 

Régimen Previsional

Se propone un régimen de aportes de las cooperativas de trabajo, distinto al autónomo y al de dependencia, teniendo en cuenta las características particulares del trabajador autogestivo.

Excedente repartible

Con respecto a la propuesta del Anteproyecto de Ley Federal de Cooperativas y Mutuales, se opina que el aumento al 40 % de los excedentes repartibles es positivo para capitalizar a la cooperativa.

Cooperativas simplificadas

Se discutió la propuesta de Cooperativas Simplificadas, realizada por el Anteproyecto de Ley Federal de Cooperativas y Mutuales, que propone reducir el Consejo Administrativo a un solo administrador. Se opinó que no representa el espíritu cooperativo. La simplificación no puede debilitar la democracia interna de la cooperativa.

Declaraciones preliminares

  1. Repudio enérgico a la amenaza de agresión militar de los Estados Unidos sobre el territorio y el pueblo de Venezuela, así como el total respaldo del Cooperativismo de Trabajo al gobierno bolivariano de Venezuela y a la preservación de la paz y la convivencia.
  2. Advertencia y estado de alerta permanente en relación con los intentos de desestabilización del sistema democrático argentino, por parte de grupos concentrados y antidemocráticos afines al imperialismo y en contra del gobierno popular de Cristina Fernandez de Kirchner.
  3. Manifestar claramente la necesidad del cooperativismo de trabajo de promover la unidad, fortalecer la organización y abrir el debate para la generación y definición de un proyecto político.

Conclusiones específicas:

  1. La diferenciación del trabajador asociado autogestionado y cooperativo, como un sujeto distinto del trabajador autónomo y el trabajador en relación de dependencia, reside en su carácter de sujeto colectivo. Las diferencias en materia de nivel de organización o preexistencia de un orden anterior son solo características accesorias de una definición actualizada y no hacen al fondo de la cuestión.
  1. La seguridad previsional del cooperativista y del sujeto colectivo debe desarrollarse bajo esquemas y mecanismos propios del gremialismo cooperativo, es decir, no debe depender de instituciones que aplican a un sujeto laboral distinto y diferenciado: debe crearse una Caja Previsional Cooperativa.
  1. Un piso mínimo de ingresos, en analogía con el sistema salarial, no solo desnaturaliza la mecánica de funcionamiento y crecimiento de las cooperativas, igualando hacia abajo, sino que establece obligaciones autoimpuestas de imposible o inconveniente concreción, dado que el objeto y el sujeto de la imposición son la misma persona: el sujeto colectivo. Es rechazado tambien porque:
  • Abre la puerta a la injerencia e influencia de estructuras sindicales impropias y externas al proceso y al sistema cooperativo.
  • El objeto social de toda cooperativa consagra como destinatario de sus esfuerzos al ser humano y a la comunidad, no al lucro, ni la acumulación de capital. El trabajo y su retribución no son costos en la ecuación cooperativista, sino medios para el desarrollo del ser humano, su liberación de la esclavitud y la alienación materialista. Aceptando un piso, se establece un techo.
  • La adhesión del cooperativismo a los esquemas de negociación salarial propios del empleo en relación de dependencia, no posee una real representación gremial en los mecanismos de confección de esos acuerdos: el cooperativismo no forma parte del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario MínimoVital y Móvil. Un esquema de tal tipo haría un fuerte daño a las organizaciones cuyo funcionamiento requiere de autonomía para la toma de decisiones colectivas y empresariales.
  1. Cooperativas Protegidas: El Estado debe encontrar formas de promoción del empleo que contemplen el respeto a la integridad y naturaleza jurídica y social de cada régimen específico: se rechaza de plano la iniciativa de las cooperativas protegidas, por establecer una discriminación inaceptable entre cooperativas: o todas son protegidas, o ninguna.
  1. El órgano de aplicación, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) debe ser completa y totalmente rediseñado, para proceder a su democratización,  descentralización en la ejecución y centralización en su conducción, evitando superposición de funciones y la existencia de decisiones discordantes entre los ámbitos federales y locales; promoviendo la participación de entidades gremiales del sector cooperativo en las funciones de fiscalización y control, como así también en la transformación del proyecto institucional, que debe establecer unidad de criterio en un sentido promotor del desarrollo integral cooperativo y mutual.
  1. Asimismo y en un mismo orden de argumentos, se rechaza de plano la posibilidad de implementar cooperativas simplificadas, entendiendo éstas como aquellas cuyo órgano de administración se reduce a una sola persona y se elimina la figura de la sindicatura: contradice los más elementales principios de democracia interna y control de gestión autónomo.
  1. El Foro se pronuncia con unanimidad en el rechazo al análisis de la propuesta de las Sociedades Anónimas Laborales, en virtud de la improcedencia de analizar en el ámbito de la economía social una figura de precarización contraria a la autogestión, enmarcada en el ámbito jurídico de las sociedades comerciales, cuyo origen y autoría se remonta a los peores períodos de flexibilización laboral que conoció la Argentina, con la afrenta adicional de contar con la rúbrica de tres personajes cuya simple mención provoca rechazo e indignación, como lo son Fernando De La Rúa, Domingo Felipe Cavallo y Patricia Bullrich. El tema debe ser tratado en los ámbitos correspondientes y desde luego, no en el de la economía social y solidaria.
  1. La integración cooperativa de segundo y tercer grado debe ser liberada al desarrollo las distintas configuraciones que pudieran adoptar las zonas, ramas y modalidades, siempre que respeten las condiciones básicas ya establecidas en la normativa vigente. Los mecanismos de otorgamiento de matrícula deben ser rediseñados para su agilización y para evitar resortes discrecionales bajo intereses político-electorales o cooperativo-gremiales. El derecho de libre asociación en cooperativas de segundo y tercer nivel no debe ser condicionado en ninguna forma.
  1. En relación con las prohibiciones, el mecanismo intrinseco de inclusión social de las cooperativas y mutuales, sus principios y valores, resultan completamente incompatibles con cualquier clase de discriminación; esas decisiones solo deben ser sometidas a la voluntad autónoma de cada asamblea general de asociados legítimamente constituidas y bajo los procedimientos hoy vigentes. Ésto incluye a personas privadas de libertad o condenados por cualquier delito, siempre que hayan acatado la pena impuesta y pagado su deuda con la sociedad. Una persona no puede ser juzgada dos veces por un mismo delito. En cuanto a las excepciones vinculadas con delitos cometidos contra cooperativas, por personas en ejercicio de funciones de administración, rigen las normas actualmente vigentes.
  1. Respecto de la categoría tributaria en la que debe ser incluído el trabajador asociado a una cooperativa, proponemos crear una categoría tributaria específica para cooperativistas de trabajo, cuyo control y cumplimiento deberán asumir las cooperativas como representación del sujeto colectivo.
  • Es necesario que la nueva ley sobre cooperativas establezca concretamente qué tipo de sujeto somos. Para ello, definir legalmente qué es el trabajador autogestionado se hace imprescindible, dejando en claro que somos distintos a los autónomos pero también distintos de los trabajadores en relación de dependencia. La definición con nuestras particularidades (respondemos a un orden colectivo autoimpuesto, etc) va en el camino de establecer la verdadera autonomía del sector, que ya no es subsidiario de nadie.
  • El aumento de los porcentajes de reserva legal deberían dejarse como están, no se observan motivaciones para incrementar de esa manera los montos; además que subir la reserva legal también impide el crecimiento económico de las cooperativas. Una manera de incrementar los ingresos podría ser aumentando las posibilidades de que más sectores se incorporen a la economía solidaria, en lugar de incrementar la reserva legal.
  • Se hace sumamente necesario un nuevo esquema tributario que contemple la realidad específica del movimiento cooperativo, puesto que en la actualidad no hay heterogeneidad y un cooperativista puede estar en tres o más regímenes impositivos distintos. Esta necesidad no es caprichosa, sino que tiene su correlato en situaciones concretas que discriminan a trabajadores cooperativizados, así la AUH sólo puede ser percibida por los compañeros que están como monotributo social pero no para el resto. Al fijar un esquema propio tributario se gana en identidad, visibilidad y se reconoce institucionalmente la existencia del sector con atributos que lo particularizan. El reconocimiento con un régimen propio para el movimiento debe contemplar el aporte para generar/asegurar una jubilación digna.
  • La introducción de las figuras de las Sociedades Laborales y las Cooperativas Simplificadas es rechazado. Uno de los problemas actuales a superar en las distintas cooperativas es garantizar el compromiso de los compañeros en la participación de la gestión cooperativa y las figuras mencionadas no ayudan a este propósito; todo lo contrario, legalizan una falencia de las cooperativas en lugar de combatirlo.
  • Se deben ajustar situaciones en la recuperación de empresas por parte de sus trabajadores organizados en cooperativas de trabajo. Actualmente la Ley de Quiebras facilita pero no promueve la conformación de cooperativas porque se preocupa más en el salvataje de la empresa como valor en sí mismo más que en la defensa del trabajo como elemento socializante de cualquier sociedad. En los actuales marcos legales se establece la compra de la empresa por los trabajadores, lo que se traduce en la realidad en que quienes son los principales afectados por la quiebra/vaciamiento de la empresa son los que además deben trabajar para pagar las malas administraciones de los empleadores.
  • La ley debería fijar una presunción legal a favor de la existencia regular de la cooperativa que esté inscripta, con matrícula otorgada por INAES, tributando a la AFIP, etc. Actualmente se parte de que ante una denuncia de “fraude laboral” la cooperativa debe demostrar que es una cooperativa, cuando en realidad quien afirme lo contrario debería demostrar que es real lo que afirma. Esta deformación se explica por entender al movimiento cooperativo sin particularidades que le dan autonomía propia, razón por la cual siempre se la considera subsidiaria de otros regímenes legales, tributarios, etc.
  • Los compañeros de FACTTIC propusieron incorporar al articulado de la nueva ley Tecnologías de Información y Conocimiento (TIC) a los fines de dinamizar las convocatorias, las votaciones, actas, etc. La incorporación de las TIC generarían la posibilidad de dinamizar también el funcionamiento de las cooperativas de segundo y tercer orden en atención a que promueve la participación de los distintos asociados independientemente de la distancia en la que se encuentren.   
  • En el Anteproyecto de Ley Federal de Cooperativas y Mutuales, se le da jerarquía legal al excesivo poder discrecional que ya tiene el INAES por vía reglamentaria y administrativa. Se debería pensar en establecer legalmente una estructura de funcionamiento del organismo de aplicación de la ley que promueva y dinamice una tramitación ágil y eficaz para la constitución regular de las nuevas cooperativas, las reformas estatutarias, aprobación de reglamentos, los rechazos de objeto, etc. También el INAES debería tener una intervención más directa con las distintas provincias a través de capacitadores, profesionales del derecho, de las ciencias económicas, en atención a que no son muchos los profesionales que se dedican a los temas cooperativos. Dejar al arbitrio exclusivamente discrecional del INAES los procesos mencionados atenta contra las posibilidades de numerosos compañeros de sumarse al movimiento cooperativo.
 

 

Como primer conclusión se destacó el método participativo propuesto tanto por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social –INAES-, de presentar un anteproyecto para discusión a las organizaciones representativas de la economía social, como la propuesta de la CNCT de realizar foros específicos de cooperativismo de trabajo y la forma de llevarlo adelante en espacios abiertos de debate a toda la comunidad y donde se escuchen todas las voces del sector, tanto aquellas que participan dentro del marco de la Confederación como aquellas que no lo realizan.

Figura legal del trabajador autogestionado

Es muy importante que cada articulado que se legisle sea teniendo en cuenta las características del trabajador asociado a  cooperativas de trabajado, y que no se pierda el horizonte de que se habla de un trabajador individual pero se desenvuelve en un proceso colectivo. Que es diferente al trabajo en relación de depencia y al autónomo, y que se debe tratar como tal una figura diferente.

Trabajador autogestionado no alcanza para definirlo, y que se debe  llamar trabajador cooperativo para identificarlo  claramente a un proceso colectivo.

Fraude laboral

El mecanismo propuesto por el Anteproyecto de la CNCT sobre anti fraude es adecuado pero fundamentalmente para proteger del desconocimiento sobre cooperativismo de trabajo de inspecciones de organismos que no específicos de cooperativas. Resaltar la presunción sobre que una cooperativa que se encuentra legalmente constituida se presume genuina y que se deberá demostrar los contrario. Dado que muchas veces los prejuicios contra el sector hacen que la presunción sea justamente al revés.   

Se solicita a los órganos locales y al Inaes que instrumente mecanismo de capacitación, materiales para inspectores del ministerio e trabajo tanto nacional como provincial como del la Agencia federal de Ingresos Públicos.

Fortalecimiento de la democracia interna

Se destacan todas las propuestas de promover mayor participación de los asociados, como ser asambleas obligatorias, votos secretos, reuniones de consejo ampliadas, y se debería intensificar la obligatoriedad de información hacia los asociados.

Cooperativas simplificadas no es adecuado a los principios y valores del cooperativismo, y se contrapone al punto de promover la participación. No  a la eliminación de conducción conjunta y la figura del síndico. No a la simplificación de los órganos institucionales pero si simplificar los trámites para las cooperativas de trabajo, dado que no corresponde tratar a todas las cooperativas de igual manera, todas  las de trabajo deberían tener contabilidad simplificadas.

Por igual razones se propone rechazar la figura del socio de apoyo, brindándoles capacidad de votos en la asamblea y de ser asociados en las cooperativas de trabajo.

Integración

El aporte económico para sostenimiento de organizaciones de grado superior es una forma de profundizar la organización y fortalecerlas  para que tengan herramientas fuertes de apoyo a las cooperativas. Se deberá aclarar y especificar claramente los destinos de los aportes de las cooperativas que no este federadas.

Integración cooperativa, el sistema propuesto por la ley Federal de cooperativas y mutuales es muy complejo y podría complicar más de lo que ayude teniendo en cuanta las dificultades que hoy nos encontramos para constituir cooperativas de segundo grado. Si se podría profundizar contratos de colaboración entre cooperativas para potenciar su accionar.

Autoridad de aplicación

Constitución de entidades: en el interior del país se hace muy difícil sostener grupos pre cooperativo durante el tiempo de tramitación del trámite, se deberá establecer un plazo máximo del trámite tanto en el Órgano Local como en el Inaes.

Fortalecer la presencia territorial del Inaes para brindar capacitación, tanto por sí o por el órgano local competente.

Políticas públicas

Extender los beneficios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) no solo a monotributistas sociales sino también a  las categorías de monotributistas más bajas, dado que es ínfima la diferencia entre asociados inscriptos en estas categorías.

Por otra parte, es importante el marco normativo fundamentalmente para las cooperativas de trabajo, ya que es el sector que mayormente se regula con resoluciones del poder ejecutivo. Pero luego de una década de crecimiento, desarrollo y maduración del sector son necesarias un paquete de leyes que defienda las políticas públicas desarrolladas y obligue a sostenerlas en el tiempo, de manera que generen un paraguas de protección para futuros gobiernos.

Empresas recuperadas

Las sociedades laborales pueden ser una opción para los trabajadores que intentan defender sus puestos de trabajo, pero no es correcto tratarla en un proyecto que defina a entidades sin fines de lucro.

Cooperativas de liberados

El cooperativismo de trabajo es una herramienta de inclusión y se deberán evitar prohibiciones para participar de las mismas o ser parte de los consejos de administración de aquellas personas que han sido condenadas por la comisión de un delito. Las prohibiciones generan una nueva condena a aquellas personas que han cumplido la pena impuesta por la justicia.

 
 

 

Figura legal

En primer término, se llegó a la conclusión de que el cooperativismo de trabajo es un actor nuevo y que se desarrolló con fuerza en la última década, planteando la necesidad de renovar el marco legal que estaba obsoleto o desactualizado. En este sentido, se afirmó la definición del trabajador autogestionado como un sujeto con sus características específicas, diferenciado del trabajador en relación de dependencia y el autónomo, ya que no depende de ningún patrón y al mismo tiempo no es autónomo porque se configura dentro de un orden colectivo. En relación a esto último, surge la relación asociativa entre la cooperativa y el asociado como una particularidad jurídica. Esta figura no puede ser abordada desde el ámbito civil o laboral.

Presunción asociativa

Existe un desconocimiento del sector por parte de los organismos fiscalizadores del Estado, como la AFIP y el Ministerio de Trabajo, que termina perjudicando a las cooperativas legítimas. Existe un orden interno definido democráticamente que estos organismos confunden con relación de dependencia encubierta. La subordinación a un orden interno nunca puede ser indicativo de fraude. Esta "presunción asociativa" debe quedar planteada en la ley.

Reglamento interno

En relación al punto anterior, se propone la confección de un reglamento interno obligatorio para cada cooperativa, con un año de plazo para su realización, o en su defecto la aplicación de un reglamento modelo según el objeto.

Derogación del Decreto 2015/94

Se pide la derogación del decreto 2015/94 sobre la contratación de servicios a terceros, limitada a determinadas actividades, ya que se hizo efectivo a causa de fraudes cometidos en dicha oportunidad, y que hoy no se corresponden con la realidad.

Autoridad de aplicación

Se pide que las sanciones a cooperativas pasen previamente por el órgano de aplicación del sector (hoy el INAES) que es el ente que conoce sus particularidades. Por otra parte, que las sanciones no deriven en multas, ya que terminan recayendo sobre el trabajador. Se pide que la sanción se aplique sobre el funcionamiento de la empresa social, por ejemplo a través de la suspensión de matrícula.

Se pide que se fortalezcan los espacios provinciales de control de la economía social y se incluya a las federaciones, que tengan capacidad de fiscalizar a las cooperativas.

Democratización interna

Se intenta estimular la participación del asociado para fortalecer la democracia interna, la renovación de cargos, la capacidad de gestión colectiva, etc. Se intenta que el asociado sea un "enamorado del proyecto" y lo lleve adelante como algo propio.

Como algunas de las propuestas figuran la participación obligatoria en las Asambleas Ordinarias, el voto secreto, la convocatoria personalizada y reuniones ampliadas obligatorias bimensuales.

Cooperativas simplificadas

Esta propuesta del anteproyecto de Ley presentada por el INAES nos parece que no corresponde con el espíritu cooperativo, ya que abre las puertas a transformarse en una empresa encubierta. Nos parece contradictorio con el resto del proyecto. Si bien se reconoce que es necesario una simplificación administrativa de las cooperativas.

Período de prueba

Se propone la figura de período de prueba como asociado sin derechos políticos, durante los primeros 6 meses en que se prueba la capacidad y voluntad asociativa del compañero. Esto se diferencia en la actualidad, donde el período de prueba exige que el aspirante sea contratado durante ese tiempo como trabajador en relación de dependencia.

Financiamiento de las Federaciones

Se entiende que el desarrollo del sector está determinado por la fortaleza de las organizaciones de 2° y 3° grado (federaciones y confederaciones). Hay acuerdo en la necesidad de financiar las mismas con un aporte del 1 o 2% de cada asociado a dividir (mitad y mitad) entre la de 2° y 3° grado. Si la cooperativa no está asociada a ninguna federación, ese aporte se destina a un fondo de financiamiento del sector, manejado por el órgano de aplicación. Se propone un seguimiento de dichos fondos para garantizar su aplicación plena.

Surgen dudas (de parte de la cooperativa de taxis de Ushuaia) con respecto a las funciones de las federaciones y la obligatoriedad del pago. Pero hay un acuerdo mayoritario en que ese aporte resulta fundamental.

Socios de apoyo

La propuesta del INAES de permitir la inclusión de socios aportantes de capital con mayor influencia en los votos (30%) nos parece que no se corresponde con los valores democráticos del cooperativismo.

Régimen previsional

Se pide un régimen especial para el sector. Equiparar la edad con las dependencias. Se propone un fondo de financiamiento del sector.