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Cooperativas de la CNCT mantienen la limpieza de los márgenes del Riachuelo

09/26/2013 - 17:01
El trabajo fue encargado a la Federación Padre Mugica desde el año 2009 y beneficia a más de 5000 personas de la Villa 21-24 de la Ciudad.
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Unos 130 trabajadores que integran cooperativas de trabajo se encargan, desde 2009, del saneamiento y limpieza de la Cuenca Matanza – Riachuelo. Las cooperativas en cuestión forman parte de la Federación de Cooperativas de Trabajo “Obra Padre Múgica”, adherida a la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT). En este tiempo, el avance fue notable y beneficia a más de 5 mil personas de la Villa 21-24 de la Ciudad de Buenos Aires.

La convocatoria surgió hace 5 años, a raíz de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación conocido como caso “Mendoza” (ver aparte), que decidió una serie de medidas con el fin de reforzar la ejecución del plan de saneamiento. Sin embargo, el pronunciamiento judicial tiene muy pocos avances concretos. Los vecinos de la Villa 21-24 y otros barrios esperan que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires los relocalice. Son más de 1400 familias, alrededor de 5000 personas que viven en el “camino de sirga”. Mientras los vecinos denuncian total “inacción” del jefe de Gobierno, Mauricio Macri, los pobladores sufren las consecuencias de la contaminación y el deterioro de su salud: aumentan los cuadros de plomo en sangre, cáncer de garganta y obstrucciones respiratorias.

Las cooperativas comenzaron en 2009 limpiando los márgenes del Riachuelo, en una franja que va desde la orilla del río hasta las viviendas (unos 35 m), espacio que se denomina “camino de sirga”, y está garantizado por la legislación argentina. El origen del nombre surgió porque así lo nombraban los antiguos pescadores al amarre de los barcos con unas cuerdas gruesas conocidas como “sirgas”. Las cooperativas encargadas de la limpieza cuentan que al principio fue una labor muy dura. “Fue terrible el inicio porque teníamos que trabajar limpiando la mugre de décadas. Nos dieron unas botas hasta la cintura para poder trabajar. Encontrábamos caballos muertos, perros, cacharros de todo tipo, fue muy feo ese primer tramo. Al principio sacábamos tres o más contenedores de basura por día. Hoy sacamos uno. Todo el trabajo se hace a mano, sin máquinas, llenando todo en bolsas y en las carretillas”, nos cuenta Miguel Farías, quien trabaja desde el primer día del acuerdo entre el Gobierno de la Ciudad y la Federación Múgica.

Juan de la Cruz Vilca es el secretario de la cooperativa Cristo Obrero y nos mostró todo el recorrido que realizan desde el barrio de La Boca hasta Puente La Noria. Para todo este perímetro tienen asignados más de 13 grupos de varias cooperativas de la Federación. Aproximadamente 130 compañeros trabajan todos los días para mantener la limpieza de los márgenes del Riachuelo.  

“El trabajo es variado por que nos movemos por distintos lugares. Vamos limpiando por zonas y vamos manteniendo el camino. Esto que ves así de limpio ahora, llega a venir una sudestada y se tapa de mugre. Hay que empezar de cero. Cada grupo tiene zonas asignadas. El trabajo más pesado está en las zonas de las vías de trenes y los fines de semana se acumula mucha basura. Los días lunes son terribles, falta concientización de los vecinos y la ayuda estatal para mantener la limpieza. Hay cooperativas que se encargan de la recolección de basura domiciliaria, pero falta ayudar por parte de los vecinos”, evalúa Juan Cruz.

Sergio Lira, uno de los dirigentes de Múgica que además es uno de los vecinos de la Villa 21-24 de Barracas y militante de la Mesa de Diálogo con el Instituto de la Vivienda de La Ciudad, que es el organismo que debe relocalizar a los vecinos, explica el vínculo con los vecinos: “Tenemos vinculación con los vecinos porque parte de las cooperativas que integran la Federación somos de acá, vivimos acá y te puedo asegurar que lo único que ha hecho el gobierno de la Ciudad  es la relocalización del 20% del total de la gente que vive sobre las márgenes del riachuelo. Y un 0% de los vecinos de la Villa 21-24.  Sólo reubicaron a la gente de la Villa en Pompeya y otro sector, pero queda el grueso de las 1384 familias de Barracas”.

La “inacción” del gobierno de Macri se refleja en datos concretos. Desde que se desató el conflicto y el más alto tribunal del país dictó la sentencia de limpieza y relocalización, los vecinos investigaron y llevaron 35 planos de varios terrenos que pertenecen a la Ciudad y que sus mismas autoridades “desconocían”. Desde el Riachuelo se puede ver que desde el otro lado de la provincia de Buenos Aires han liberado y  son muchos más kilómetros de extensión. Sergio y los vecinos creen que este conflicto será de larga data porque si no hay una orden judicial que intime a las autoridades, “no se mueven”. En todos estos años los vecinos lograron conformar una mesa de diálogo con el Instituto de la Vivienda y funcionarios del Gobierno de la Ciudad. “Conseguimos ser garantes de este conflicto, sabemos que la solución a los vecinos, a los pedidos  de viviendas, de los servicios y cloacas al barrio no se harán efectivos sin demandas judiciales de los jueces de la Corte Suprema. Nosotros queremos obligar a torcer la voluntad política de La Ciudad con la presión social y judicial que aplique un plan integral de comunicación para que todos los vecinos tengan sus derechos y obligaciones para integrarse a la comunidad”, considera Sergio.

Los vecinos son conscientes de que se torna muy difícil conseguir políticas públicas para las Villas de la Ciudad. Sobran ejemplos de leyes de urbanización en la Villa 31, en la 1 -11- 14 desde hace 8 años. Pero aunque toman estado parlamentario, no se reglamentan. Dependerá de la Corte Suprema y la voluntad de los vecinos de seguir peleando por tener una vivienda digna.

 

Causa Mendoza

La Corte Suprema de Justicia de la Nación recibió en 2004 una demanda presentada por un grupo de vecinos del asentamiento denominado “Villa Inflamable” (Dock Sud, Avellaneda, provincia de Buenos Aires) contra el Estado nacional, la provincia de Buenos Aires, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 44 empresas, invocando daños por múltiples enfermedades que habían sufrido sus hijos y ellos mismos derivadas de la contaminación de la cuenca hídrica Matanza-Riachuelo. Esta zona abarca parte de la Capital Federal y once partidos de aquella provincia. En su reclamo, pedían el resarcimiento por los daños particulares sufridos y por los perjuicios causados al ambiente. Estos últimos consistían en la contaminación de las aguas y del fondo del río, de las zonas aledañas y del aire.

También solicitaron la constitución de un fondo de reparación, porque sostenían que hacía más de 100 años que el Riachuelo estaba bajo políticas públicas que fracasaron en el objetivo de sanear la cuenca.

En un hecho histórico, el Máximo Tribunal hizo lugar a la demanda planteada. Los jueces dividieron la pretensión en dos partes: sobre la primera, que se refiere a los daños personales, rechazaron su jurisdicción y determinaron que los reclamos tienen que ir al magistrado más cercano a su domicilio; sobre la segunda, por los daños al ambiente, entendieron que la demanda sí entra bajo su competencia y dio prioridad a la prevención de la contaminación futura y a la recomposición de los perjuicios causados.

Así, la Corte dictó en junio de 2006 una primera sentencia, exigiendo al Estado la presentación de un plan para limpiar el Riachuelo y recomponer el agua, suelo y aire. El programa consiste en la implementación de sistemas vinculados a las distintas formas de contaminación: obra pública cloacal de toda la región, asepsia de basurales, saneamiento de la actividad industrial y limpieza del fondo del río, entre otras medidas.

El Alto Tribunal decidió que se discuta en audiencias públicas el plan requerido al Estado. Terminada esta fase, dictó una última sentencia, en julio de 2008, donde ordenó la implementación de políticas públicas concretas en materia ambiental y fijó plazos para realizarlas y sanciones en caso de incumplimiento, a cargo de la Autoridad de Cuenca.

Además, dejó en manos de un juez federal la ejecución de la sentencia definitiva y estableció un control sobre ella, en manos del defensor del Pueblo, de las ONG que intervinieron como terceros en la causa y de la Auditoría General de la Nación.

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