Un panorama del resurgimiento de

Un panorama del resurgimiento de la Economía social y solidaria en la Argentina

En Argentina y otros países de América Latina existe en los últimos años una notable presencia del debate sobre la economía social, sea bajo ésta denominación u otras afines como economía solidaria, nueva economía social o economía popular solidaria, por citar algunas expresiones que si bien tienen matices diferenciados de importancia, pertenecen en conjunto al campo plural de lo que para simplificar en el presente trabajo denominaremos como Economía Social y Solidaria (ESS)^[3].

Un registro similar se encuentra en las políticas públicas, que en distintos países del continente incorporaron iniciativas destinadas a promover el desarrollo de una diversidad de experiencias económicas asociativas. En el caso argentino también se vienen impulsando este tipo de políticas en el último lustro, aunque fundamentalmente con programas y normativas concebidas como políticas sociales que buscan disminuir la pobreza.

Ahora bien, es importante destacar que éste resurgimiento del debate y las políticas públicas sobre economía social y solidaria tiene un antecedente empírico previo y más profundo, el cual hecha sus raíces en la expansión de iniciativas socioeconómicas autónomas de los sectores populares y sus organizaciones de apoyo como respuesta social a los crecientes niveles de pobreza, exclusión social y precariedad laboral del mundo contemporáneo. Esas iniciativas sociales han impulsando emprendimientos socioeconómicos como opciones de trabajo, ingresos y búsqueda de mejorar la calidad de vida de sus comunidades de pertenencia. Es así que en el caso argentino entre las principales experiencias socioeconómicas de éste tipo se encuentran:

- las iniciativas de asociatividad en emprendimientos de la economía popular (denominados localmente como “microemprendimientos”);

- las experiencias socioeconómicas impulsadas por los movimientos sociales y de trabajadores desocupados;

- las “empresas recuperadas” por sus trabajadores (que en el caso argentino cobraron una dimensión significativa previo y post crisis del 2001);

- el cooperativismo de trabajo, que ha registrado un notable crecimiento en los últimos años;

- el desarrollo de formas de intercambio equitativo, mercados solidarios y de monedas sociales (por ejemplo Ferias Francas, Clubs del Trueque, redes de Comercio Justo, etc.);

- la expansión de diferentes experiencias de finanzas solidarias (particularmente los programas de microcrédito que han cobrado un dinamismo notable en años recientes);

- las diversas iniciativas asociativas de inserción social o de desarrollo comunitario tales como las denominados “emprendimientos sociales” y “empresas sociales”.

De allí que en este trabajo usemos la expresión de economía social y solidaria (ESS) para designar bajo un espacio común tanto a las experiencias históricas del cooperativismo y mutualismo (conjunto denominado también como “economía social tradicional”), como a estas nuevas formas organizativas de hacer “otra economía” (llamada como “nueva economía social” o “economía solidaria”). Sin duda dicho conjunto abarca una diversidad de tipos de experiencias, organizaciones y emprendimientos que tienen características distintivas entre sí, pero más significativo aún es que poseen una matriz identitaria de atributos compartidos, entre los que se destacan desarrollar actividades económicas con una definida finalidad social (en términos generales mejoramiento de las condiciones, ambiente y calidad de vida de sus propios miembros, de algún sector de la sociedad o de la comunidad en un sentido más amplio), a la vez que implican elementos de carácter asociativo y gestión democrática en un contexto de autonomía decisional tanto del sector privado lucrativo como del estado.

En tal sentido este trabajo se propone presentar una serie de cuestiones vinculadas a l expansión de la nueva economía social en la Argentina. Algunas preguntas que guían ese itinerario son ¿a qué se debe el resurgimiento contemporáneo de la ESS? ¿Cuál es su contexto de expansión? ¿A qué tipo de problemáticas viene a dar respuesta la nueva economía social? ¿Cuáles son sus principales trayectorias empíricas?

II. El contexto contemporáneo de resurgimiento la economía social y solidaria

La hipótesis central que sostiene toda una corriente de opinión sobre el resurgimiento contemporáneo la economía social y solidaria se asocia con el cambio trascendental de época que en materia económica está viviendo el mundo en las últimas décadas y sus negativos efectos sobre la integración social, particularmente en términos de trabajo digno y acceso a servicios públicos de calidad y magnitud suficiente. Algunos elementos claves que suelen caracterizar esa transformación hacen referencia a los procesos de globalización y regionalización económica, a la creciente revolución tecnológica y comunicacional, a la crisis del estado de bienestar o a la profunda trasformación de la “sociedad salarial”. Todos esos procesos estarían repercutiendo de manera directa sobre la “metamorfosis de la cuestión social” y, en particular, sobre los problemas de empleo, condiciones de vida y trayectorias de exclusión social de amplias capas de la población, tanto en los países centrales como, con más gravedad aún, en los países periféricos como es el caso de Argentina.

Dicho conjunto de transformaciones, más allá de coyunturas favorables, tienden a erosionar las raíces mismas de los compromisos sociales y reglas institucionales que constituían las bases del modelo de desarrollo en el mundo occidental de posguerra del siglo XX, llámese “modelo fordista” desde el punto de vista del régimen productivo de acumulación, “estado del bienestar” desde la perspec.tiva de las políticas públicas y acción estatal, o “sociedad salarial” desde el punto de vista de la cuestión social moderna.

Desde ésta perspectiva son éstos fenómenos los que se encuentran en el centro de la problemática social en las economías occidentales contemporáneas, haciendo patente de manera dramática los límites del mercado global para generar por si mismo una economía integradora, equitativa y socialmente responsable. Pero al mismo tiempo, y reivindicando la necesidad de un papel activo del estado, también tiende a ponerse en cuestión la capacidad de éste último como actor exclusivo y/o dominante que pueda dar respuestas socialmente apropiadas a los dilemas en cuestión. Esa puesta en cuestión del dominio estatal se basa, por una parte, en cuestiones estructurales asociadas a las trasformaciones en curso en la economía global que, sin predeterminar una pérdida categórica de la soberanía estatal, generan nuevos tipos de condicionantes para el ejercicio de la misma. Por otra parte ese cuestionamiento se asocia también a la propia lógica de acumulación de poder y relaciones de dominancia en que puede derivar la acción pública cuando no es acompañada de manera efectiva y activa por instituciones y actores colectivos de contrapeso, transparencia y control social.

Para algunos autores ésta es una de las claves esenciales para entender el por qué de la importancia y resurgimiento de las experiencias y debates sobre la “otra economía”. Al punto que puede hablarse de una “nueva economía social” o “economía solidaria” surgida de la acción y estrategias de organizaciones colectivas que desarrollan economía como respuesta social a los dilemas asociados a la desintegración social devenidos de las crisis del empleo asalariado y del estado social tradicional. Esta “otra economía” tiene como principal horizonte de acción su finalidad social, su arraigo en comunidades territoriales, su forma de gestión autónoma y democrática y su perspectiva de sustentabilidad integral (económica, social, ambiental, intergeneracional). En tal sentido, la estrategia de esa nueva economía social podría ser un componente clave en el camino por renovar las bases de sustentación de nuevos compromisos e institucionalidades solidarias y democráticas, que colaboren junto con una acción pública transparente y participativa a reconfigurar el desarrollo de sociedades más integradas social, política y económicamente. Esto es, un nuevo tipo de configuración de “sociedad del bienestar”, que sin dejar de considerar el lugar de los mercados en una economía mixta (esto es economía lucrativa, economía estatal y economía social y solidaria) y más aún el papel indelegable del estado democrático de derecho en la promoción del bien común, tienda a replantear sus lógicas de funcionamiento y acción para favorecer la expansión simultánea de los anhelos que dieron origen a la modernidad democrática de “igualdad, libertad y fraternidad”.

Aproximándonos en éste marco al caso de Argentina, y más allá de los debates al respecto, puede decirse que dentro del contexto latinoamericano Argentina fue desde la década del 1940 y hasta mediados de los años de 1970 una sociedad relativamente equitativa estructurada en torno dos grandes ejes de integración social: el empleo asalariado y, por otra, un conjunto de dispositivos estatales de servicios públicos complementarios de relativa universalización. Es decir una sociedad donde existían bajos niveles de desempleo y subempleo, una distribución relativamente equitativa de la riqueza, una organización colectiva poderosa de la clase trabajadora, la cual además había conquistado una serie de beneficios sociales básicos, tales como salud, educación, jubilaciones, vacaciones, derechos laborales, etc., los cuales como regla general debían ser garantizados por el estado.

Se sabe que esa economía de “desarrollo sustitutivo” tenía una serie de tensiones estructurales, los cuales fueron señalados ya en los años ’60 por las distintas variantes del modelo económico stop&go, tales como el problema de las brechas externa y fiscal, la puja distributiva o el proceso inflacionario^[4]. Pero puede decirse que la dificultad principal de dicha sociedad radicaba en la no correspondencia entre la dominación económica y la hegemonía política, centrada en un conflicto de poder entre dos bloques de fuerzas sociales alternativos que definía una condición estructural de “empate hegemónico” entre los mismos^[5].

En contraposición, la tremenda crisis económica y social que afrontamos los argentinos en el año 2001 puso de manifiesto la cara más brutal de la exclusión económica y social que fue pergeñándose en un proceso histórico de más de dos décadas. Sin duda esa crisis tiene sus antecedentes directos en las nefastas consecuencias de las políticas neoliberales aplicadas durante la década del ’90; pero, más largamente, no debe olvidarse que su origen histórico está anclado en los cambios socioeconómicos y de poder que trajo consigo el último de esos golpes de estado, la brutal dictadura militar de 1976-1984, que buscó definir esa situación de empate hegemónico a favor del bloque de poder dominante. Desde entonces y hasta hace pocos años tendió a prevalecer por más de dos décadas un patrón estructural caracterizado, entre otras cuestiones, por la apertura indiscriminada de la economía a la globalización, la des-industrialización productiva, la tremenda concentración económica y de ingresos, el desmantelamiento y privatización del estado o el deterioro creciente de los servicios públicos. El neoliberalismo de los años ’90 fue la manifestación más contundente de esas tendencias, resultando hoy indudables los graves efectos que esos procesos trajeron aparejados sobre la situación social, condiciones de vida y de trabajo de la mayor parte de la población.

Al respecto, una de las expresiones más dramáticas de ese proceso de deterioro ha sido sin duda el terrible crecimiento de los niveles de pobreza, precariedad laboral y desempleo, particularmente en las regiones más densamente pobladas como son los suburbios de las grandes ciudades de nuestro país. Si bien la recuperación económica registrada en años previos (2003-2007) significó inicialmente mejoras relativas en los indicadores sociolaborales (tales como reducción en el índice de desempleo), sigue resultando más que problemática la situación social y de inserción productiva de amplios sectores populares. En particular, las condiciones de vida y posibilidades de reintegración plena de los grupos de mayor vulnerabilidad social sigue siendo una de las problemáticas sociales de mayor preocupación. Más aún en un nuevo contexto internacional de crisis económica y sus repercusiones locales, en el cual es equívoco creer que la dinámica del sistema económico formal pueda por sí reintegrar vía empleo asalariado, de manera plena y estable, a tan amplia cantidad de población.

Ante esta situación las diferentes variantes de políticas asistenciales de paliación del la pobreza (por ejemplo en su momento vía percepción de planes de ingreso compensatorio o de los distintos programas de asistencia social aún vigentes), más allá de constituir respuestas para atender la urgencia y extrema necesidad, muestran sus límites estructurales como salida de más de largo plazo, no sólo por el deterioro adquisitivo de dichas transferencias de asistencia sino también por el tipo de vínculo asistencial que las mismas generan, al no estar asociadas al fomento de las capacidades de trabajo y relacionamiento de los propios involucrados.

De allí que la validez del reclamo por una vida mejor y un trabajo digno sigue siendo tema principal de la agenda pública en la Argentina actual. Al respecto y visto desde una perspectiva de más largo plazo, la posibilidad de proyectar e impulsar estrategias y acciones de integración social desde la economía social y solidaria pueden resultar entonces no sólo necesarias sino imprescindibles.

En éste cuadro general, también en el caso argentino tendieron a expandirse y diversificarse en las últimas décadas los emprendimientos de la ESS, básicamente como hemos dicho en respuesta a las grandes transformaciones socioeconómicas en curso y a la cuestión social de allí emergente (precariedad laboral y pobreza estructural, aumento necesidades humanas insatisfechas, fragmentación y desintegración social, etc.).

En tal sentido, más allá de los ciclos macroeconómicos de corto plazo, en las últimas décadas son fundamentalmente tres los procesos estructurales implicados al respecto:

En el primer caso ya hemos señalado algunas transformaciones en el mundo de la economía y la producción con sus secuelas de agravamiento estructural de los problemas de empleo. Un marco de largo plazo indica que más allá de las mejoras observadas en el los últimos años, se observa en términos estructurales el severo agravamiento de las problemáticas de empleo entre el modelo económico vigente hasta mediados de la década de los ´70 y las profundas restricciones en la dinámica del empleo asalariado derivadas del contexto de globalización excluyente y de las políticas neoliberales.

En efecto, por una parte si bien en el lustro 2003-2008 se observó una caída en los indicadores de la tasa de desocupación abierta, aún en éste caso el desempleo sigue resultando un problema de magnitud particularmente importante en determinados grupos sociales, en particular desempleados de larga duración, mujeres y mucho más significativo aún en el caso de los jóvenes^[6].

Pero es reconocido además que la problemática laboral se asienta no sólo ni principalmente en el desempleo abierto, sino crecientemente en la significativa importancia de diversas formas subempleo, desprotección social, informalidad, inestabilidad y precariedad laboral. Además de la falta de aportes previsionales, seguro y salud, el empleo precario e informal tiene asociado por lo general remuneraciones menores que el registrado, horarios de trabajo más extendido, peores condiciones ambientales de trabajo y elevada inestabilidad laboral. Es así que más allá del mejoramiento relativo de los recientes años de recuperación económica, la tasa de empleo no registrado supera el 36% de los asalariados^[7]. Una lectura de la magnitud de esta problemática puede realizarse por ejemplo en una reciente medida oficial de significación, como resulta el decreto de "asignación universal por hijo para protección social", que al reconocer el derecho de asignación familiar por hijo para las familias que no perciban otro beneficio, pone de manifiesto también el alcance de la población comprendida en situación de falta de empleo o precariedad laboral^[8].

En este marco, la presente coyuntura económica mundial y local pone aún más en el tapete la centralidad de la problemática. En efecto, más allá de las leves mejoras registradas en los indicadores económicos de algunas de las principales economías occidentales, son aciagos los efectos de la crisis económica en el empleo, esperándose a nivel mundial un incremento sustancial del número desempleados, empleos vulnerables y trabajadores pobres^[9]. América Latina en general y Argentina en particular no están exentas de estos efectos^[10]. En efecto, se bosqueja también para América Latina una importante caída del crecimiento económico en la región^[11]; en tanto que según estimaciones de la CEPAL Argentina podría registrar la mayor desaceleración, al pasar de un crecimiento de 6.8% en 2008 a menos del 3% previsto para el 2009^[12]. En éste contexto regional y local de desaceleración del crecimiento se agrava el cuadro del mercado laboral (incremento del desempleo, informalidad y precariedad laboral), con un mayor impacto sobre los hogares de bajos ingresos y los grupos socialmente más vulnerables.

Justamente las nuevas experiencias de economía social y solidaria que se han expandido en las últimas décadas son una respuesta social a dicha problemática. Una respuesta efectiva, vale decirlo, de amplia magnitud que no solo genera iniciativas de trabajo para amplios colectivos sociales expulsados del mercado lucrativo, sino que también tiende al mismo tiempo a reconstituir la significación social del esfuerzo y el trabajo, las capacidades, potencialidades y expectativas de los involucrados, así como a fortalecer sus tramas relacionales y socio-vinculares de solidaridad y apoyo mutuo.

Otro de los elementos contextuales fuertemente negativos lo constituye la persistencia estructural de altos niveles de pobreza y elevada desigualdad social. Efectivamente, más allá de la mejora del indicador de pobreza de los últimos años en comparación con los peores momentos de la crisis (2001-2003), lo cierto es que dichos niveles de pobreza están por encima de los registrados a principios de los años ’90 y comprometen a por lo menos diez millones de personas.

Hay que considerar que ésta cuestión no sólo se vincula con las problemáticas estructurales de empleo comentadas en el punto anterior, sino también con la creciente desigualdad de la sociedad Argentina de las últimas décadas. Ello puede observarse de diversas maneras. Por ejemplo en una comparación internacional entre los años ’70 y la presente década, no sólo se observa una considerable pérdida del ingreso promedio de Argentina en comparación con los países desarrollados sino que, lo más significativo, es el más grave decrecimiento sufrido por los sectores de menores ingresos^[13]. Por otra parte, otro indicador de distribución del ingreso muestra que, más allá de la mejora relativa en comparación con los peores momentos de la crisis (2002), en una mirada de largo plazo la disparidad de ingresos entre el 10% más rico y el 10% más pobre de la población pasó de cerca de 12 veces en los años ´70 a cerca de 30 veces en la actualidad. A su vez, actualmente mientras ésta franja más enriquecida se queda con el 34,4% de la riqueza, la población más pobre apenas se lleva el 1,2% del total^[14].

En definitiva, en una perspectiva estructural de largo plazo los niveles de desigualdad social resultan muy elevados y, al mismo tiempo, tienden a persistir profundos problemas de pobreza en una proporción muy importante de la sociedad Argentina. En tal sentido, las nuevas experiencias de economía social y solidaria en Argentina son una de las principales expresiones sociales contemporáneas a dichos problemas, básicamente porque los distintos tipos de experiencias socioeconómicas por regla general se hacen cargo tanto de buscar integrar a los colectivos socialmente más desfavorecidos, como de plantear alternativas de distribución equitativa de ingresos. Pero al mismo tiempo ello no significa condenar a la economía social y solidaria a una economía “de pobres para pobres”, sino que uno de los principales desafíos resulta plantear estrategias y senderos efectivos de consolidación y expansión de la ESS como un sistema específico dentro de una economía mixta.

Junto a las problemáticas de empleo, pobreza y desigualdad social que venimos considerando, otra de las características sobresalientes desde una perspectiva de mediano plazo es la transformación estructural regresiva del estado que se operó desde fines de los ’70 y se profundizó en la década del ’90. Más allá de los cambios observados en los últimos años en la intencionalidad, discurso y, quizás en menor medida que éstas, acción de la política pública (en particular de los programas sociales y de desarrollo local), lo cierto es que en términos estructurales preexiste una profunda descomposición de los servicios públicos y bienes de salario indirecto, persistiendo severas dificultades de acceso a servicios sociales, educativos, sanitarios y residenciales de calidad por parte de los sectores socialmente más vulnerables.

Es reconocido que las situaciones de pobreza y exclusión social, además de estar relacionadas con las dinámicas de trabajo y distribución del ingreso, se vinculan también con las capacidades de acceso a bienes y servicios de satisfacción de necesidades, entre ellos particularmente los públicos. En tal sentido los estudios recientes que abordan la problemática muestran un cuadro de graves restricciones en la satisfacción de necesidades y acceso a servicios públicos de los sectores más empobrecidos de nuestra sociedad. Así por ejemplo algunos estudios sobre los hogares en situación de pobreza indican que las principales restricciones se presentaban en la carencia de servicios residenciales básicos, inadecuada asistencia médica y sanitaria, importantes déficits de seguridad pública, falta de servicios educativos con enseñanza de nuevas tecnologías y escasa cobertura de planes o programas sociales^[15]. Es decir un significativo conjunto de restricciones de accesibilidad que perjudican o ponen en serio riesgo las oportunidades, condiciones de vida y dignidad de la población afectada.

En ese contexto de pobreza urbana también se ha generalizado un grave cuadro de degradación ambiental, hábitat e infraestructura básica^[16], así como tendencias psicosociales de baja confianza institucional, dificultades de relacionamiento social, deterioro de sentido hacia futuro o malestar psicológico en considerables núcleos de personas^[17].

De allí que se necesite una fuerte inversión social para atender estas necesidades, con políticas públicas de carácter universal pero también integradas, territorializadas y de atención específica a las problemáticas de cada grupo. Entre esas políticas, resulta clave la articulación, apoyo y promoción sustantiva de las iniciativas asociativas de emprendimientos que han surgido como respuestas sociales a estas problemáticas. Éste es el caso especialmente de los nuevos tipos de emprendimientos de la ESS que vienen desarrollando otras maneras de gestionar los servicios de atención de demandas emergentes de la sociedad, incluyendo diversas modalidades de gestión social reactivas al monopolio operativo gubernamental. En dichas trayectorias los servicios sociales ya no quedan bajo dominio exclusivo de gestión operativa por parte de los aparatos estatales, más allá de requerir un fuerte impulso estatal en términos de definición de políticas públicas concertadas, facilidades y promoción de la actividad o adecuados niveles de financiamiento y de regulación pública del servicio. Por ello dichas iniciativas muestran nuevas modalidades de articulación estatal-organizaciones ciudadanas, las cuales no sólo permiten mejorar el alcance e impacto de dichos servicios sino también potenciar las capacidades de los destinatarios a los cuales se dirigen los mismos. Entre este tipo de experiencias destacan las iniciativas que proveen servicios de proximidad a las comunidades (tales como atención domiciliaria, cuidados socio-sanitarios, nuevos servicios educativos, preservación y mantenimiento del ambiente, etc.) o la inserción de colectivos en distintas situaciones de vulnerabilidad social (personas con problemas estructural de inserción laboral, proceso de recuperación de adicciones, personas en situación de calle, personas con discapacidad física o mental). De allí que este tipo de iniciativas resultan una trayectoria empírica relevante en el camino por renovar las bases de reconfiguración del estado social y por dar nuevas respuestas a las necesidades sociales emergentes.

Avanzado ya este cuadro contextual, a continuación hacemos revista de esa pluralidad de trayectorias empíricas de la economía social y solidaria, para señalar luego algunas tendencias presentes en el caso de las nuevas iniciativas de Argentina.

Éste es el marco en el que se inscriben las estrategias y acciones de la “otra economía” o economía social y solidaria en el caso argentino. En otro trabajo^[18] hemos desarrollado que la expresión economía social no tiene un único sentido, sino que, como ya ha sido puesto de manifiesto por varios autores, constituye un término polisémico que designa distintos niveles de cuestiones^[19]. Por nuestra parte en dicho trabajo proponíamos tres dimensiones analíticas: a) una dimensión de trayectorias empíricas de otra forma de hacer economía, de creciente importancia y diversidad en las últimas décadas; b) una dimensión conceptual que denota un enfoque alternativo a la “economía de los economistas” convencionales; c) una dimensión propositiva de proyectos de sociedad.

Por cuestiones de espacio y objetivos analíticos, en este trabajo nos detendremos en la primera de dichas dimensiones, la referente a las trayectorias empíricas. Como hemos adelantado, en éste caso el término economía social y solidaria busca designar un conjunto heterogéneo de emprendimientos económicos que se han ido desarrollando de manera diferenciada a la típica empresa capitalista y a las formas de organización estatal, aunque también a las iniciativas desconectadas de la economía popular de subsistencia. Desde éste punto de vista la ESS viene a estar constituida por entidades u organizaciones que realizan actividades económicas (es decir de producción o distribución de bienes o servicios, incluyendo las actividades financieras), pero cuya principal finalidad se orienta al bienestar humano y que, al mismo tiempo, contemplan elementos organizativos de autogestión asociativa y democrática, así como vínculos solidarios con su comunidad de pertenencia. En otras palabras sus acciones se orientan al mejoramiento de la calidad de vida sea de sus integrantes y/o de su comunidad de pertenencia, privilegiando para ello a las personas, sus capacidades y vinculaciones. Al respecto reproducimos aquí un esquema sintético de clasificación de esa diversidad de tipos de emprendimientos de la ESS.

ES tradicional o histórica

Cooperativas: de trabajo, agropecuarias, servicios públicos, vivienda, consumo, crediticias y bancarias, seguros, de provisión profesional

Mutuales de ayuda mutua, entre otras en actividades como: proveeduría, vivienda, salud, educativas y culturales, previsionales, deportes, guarderías, seguros, hogares, sepelios y velatorios, turismo.

Asociaciones socioeconómicas que producen y/o proveen bienes o servicios de diverso tipo

Nueva ES

Producción-servicios: empresas recuperadas; nuevas cooperativas de trabajo; emprendimientos asociativos de la economía popular, etc.

Intercambio: experiencias de ferias sociales, ferias francas, comercio justo, mercados de moneda local, club del trueque.

Finanzas solidarias: entidades de microcrédito y microfinanzas, fondos rotatorios, banca social, banca ética

Societales: iniciativas económicas comunitarias, socio-ambientales; empresas sociales (inserción, servicios socio-sanitarios); emprendimientos socioculturales; redes de ayuda mutua, asociativismo rural y comunal, etc.

Es reconocido que en términos de trayectorias concretas sus antecedentes asociativos más relevantes se remontan a la primera mitad del siglo XIX como respuesta a los efectos sociales negativos de la revolución industrial y se expresaron tanto entonces como posteriormente en diversas experiencias cooperativistas, mutualistas y de asociacionismo obrero y popular, trayectoria que en muchos contextos nacionales ha sido denominada “economía social” y que como hemos dicho también suele llamarse como “economía social histórica o tradicional”^[20]. En el caso argentino el desarrollo de este tipo de economía social fue significativa desde fines del siglo XIX hasta entrado el siglo XX, tanto en el asociacionismo de sectores populares e inmigrantes (por ejemplo con las sociedades de socorros mútuos de españoles, italianos u otras colectividades de inmigrantes) como con el desarrollo del cooperativismo en sectores tales como el agropecuario o el de consumo. Como en otros contextos nacionales, desde los años ´40 del siglo XX la expansión del mercado, por una parte, y del estado social, por otra, hizo perder peso relativo tanto al cooperativismo como a las asociaciones de ayuda mutua, cuando no adaptarse a las condiciones establecidas por las dinámicas de estos sectores.

Como hemos señalado, desde fines del siglo XX sobresale también en Argentina el surgimiento de una “nueva economía social” en la agenda pública contemporánea, la cual se ha expandido básicamente como respuesta social a los profundos cambios estructurales que trajo aparejada la globalización excluyente y el desguace del estado social. El conjunto de dichas iniciativas y experiencias pasaron a ser denominadas como “economía solidaria” y han replanteado de manera práctica la relación entre economía, sociedad y estado democrático, reivindicando la relación entre lo económico, lo socio-cultural y lo político desde un punto de vista autogestivo y de acción solidaria. Es así que, como muestra el cuadro previo, desde un punto de vista empírico podemos llamar economía social y solidaria al conjunto de experiencias que incluyen tanto a las experiencias históricas de la economía social presentes hoy en día como a la diversidad de trayectorias alternativas de hacer economía que se expandieron en las últimas décadas del siglo XX.

En este contexto evolutivo pueden señalarse tres grandes trayectorias evolutivas de esta nueva economía social, las cuales responden a diferentes historias constitutivas de lo socioeconómico: a) la economía popular solidaria; b) la iniciativas comunitarias o asociativas de integración social; y c) la organización del trabajo autogestivo colectivo.

En el caso de las grandes urbes de Argentina, al igual que en otras ciudades importantes del continente, como una respuesta popular a la crisis de empleo asalariado pasaron a tener una mayor incidencia las actividades de autoempleo o el desarrollo pequeños emprendimientos económicos en las estrategias de subsistencia de los sectores populares urbanos, particularmente con el crecimiento del denominado sector informal. Esto es emprendimientos generalmente de base familiar o de relaciones de proximidad, con fuerte peso en el sector servicios o en actividades de oficio y con un alto grado de informalidad o de economía no registrada. Sin duda estas iniciativas en si misma no forman parte de la ESS. Por ello en los países centrales las mismas no se encuentran insertas en estrategias de desarrollo de economía social, a pesar de tampoco integrar el sector típicamente capitalista, sino más bien un conjunto variado de iniciativas económicas de autoempleo, artesanado o pequeñas unidades socioeconómicas familiares. En el caso de América Latina en general y Argentina en particular la situación resulta muy diferente, ya que una parte importante de la economía popular está siendo apoyada cada vez más por organizaciones territoriales, movimientos sociales o entidades de apoyo con objeto de ganar en asociatividad, articulación vertical y horizontal, capacidad de relacionamiento, acceso a recursos y tecnología, etc. En otras palabras las experiencias de la economía popular están siendo incluidas en una estrategia más amplia de desarrollo de la ESS, a tal punto que pueda hablarse como en el caso de Brasil de una “economía popular solidaria”, al impulsarse un conjunto de de acciones concretas para incluirla en un proyecto de economía social y solidaria, que implique al mismo tiempo una trasformación de dicha economía popular con sentido solidario, organización colectiva y gestión democrática. Sin duda ello obedece al significativo peso que la economía popular tiene en los países latinoamericanos, particularmente el amplio sector informal urbano y los pequeños productores rulares familiares y campesinos, lo que lleva a la necesidad de buscar integrar a estas experiencias en estrategias de desarrollo asociativo que les permita sortear las limitaciones de escala productiva, disponibilidad de capital de trabajo, dificultades de acceso a mercados de mayor valor agregado, escaso poder de compra individual, incorporación y generación de innovaciones tecnológicas.

Entre los ejemplos que pueden señalarse al respecto se encuentra el apoyo técnico o financiero para avanzar hacia formas asociativas entre pequeños productores urbanos o rurales con el objetivo de ganar eficiencias colectivas en la producción (tal como la cuasi-integración productiva en algunas experiencias de cadenas valor, por ejemplo en indumentaria, muebles, apicultura, etc.).

De igual forma puede mencionarse el desarrollo de canales de comercialización y mercados solidarios con el objetivo de mejorar la inserción mercantil de los emprendimientos, ganando en escala y regularidad de ventas o nuevos segmentos de consumo. Tal es el caso por ejemplo de las ferias francas las cuales han tenido un gran desarrollo en varias provincias del nordeste del país (en particular Misiones), las cuales vinculan de manera directa pequeños productores rurales con consumidores de ciudades intermedias.

En el mismo sentido pueden mencionarse distintas experiencias de construcción organizativa de las personas que trabajan en la recolección y reciclado de residuos urbanos, los denominados “cartoneros”, actividad informal que creció significativamente a partir de la crisis socioeconómica y a pesar de ser marginada socialmente, sumamente precaria, de bajos ingresos y muy malas condiciones de trabajo. Justamente las experiencias de constitución de cooperativas u otras formas asociativas buscan avanzar en condiciones laborales, etapas de la cadena de reciclado de mayor valor agregado, poder de negociación económica, incidencia política o fomento de dispositivos que facilitan la clasificación, recolección y reciclado de residuo en territorios específicos en articulación con los residentes del lugar. Un ejemplo de interés a nivel nacional de este crecimiento organizativo lo constituye el Movimiento Nacional de Trabajadores Cartoneros y Recicladores (MOCAR), presentándose una síntesis en el cuadro siguiente.

Movimiento Nacional de Trabajadores Cartoneros y Recicladores (MOCAR)

El MOCAR nace en el año 2003 a partir de la confluencia del trabajo previo y encuentro de distintas organizaciones del sector, logrando su personería jurídica en el 2006.

El movimiento está integrado por setenta y cinco organizaciones en todo el país, de las cuales treinta y seis son cooperativas, veintiséis son asociaciones civiles y trece son organizaciones de base de cartoneros y/o carreros.

El mismo fomenta el reconocimiento de la comunidad y los gobiernos de la actividad realizada por cartoneros, recuperadores y recicladores como socialmente útil y necesaria. Socialmente útil porque recupera cientos de miles de toneladas diarias de materiales que si se recuperan y reciclan se convierten en riqueza y generan empleo genuino. Necesaria porque esta tarea disminuye la contaminación, al evitar que esos materiales recuperados se entierren o se quemen en basurales a cielo abierto

Entre sus principales objetivos se encuentran: la creación de una organización sindical representativa de los trabajadores de recuperación, reciclado y tratamiento de los residuos sólidos urbanos; la promoción de un convenio colectivo de trabajo que regule la actividad del sector; el adecuado tratamiento impositivo de los materiales y emprendimientos del sector, para favorecer su registro y evitar que se tribute varias veces el mismo impuesto; el fomento de la separación en origen y reciclado de los residuos; el impulso a la construcción de plantas de separación, clasificación y reciclado de residuos administradas en forma cooperativa por los mismos recuperadores; el desarrollo de programas de formación integral y capacitación continua de sus miembros.

En el sur del Gran Buenos Aires el MOCAR realiza actividades complementarias como programas de microcrédito e integra un espacio de gestión compartida en economía social y desarrollo local, la Mesa de Promoción de la Economía Social y Solidaria de Quilmes. Ver http://cartonerosmocar.blogspot.com

Otra trayectoria de apoyo a la economía popular bajo una estrategia de economía social y solidaria la constituye el avance al financiamiento solidario dirigido a pequeños productores urbanos y rurales, el cual se ha extendido de manera significativa en los últimos años, particularmente en la forma de programas de microcrédito. En efecto, si bien en relación a otros países de América Latina este desarrollo es reciente y con un menor grado de cobertura respecto de la demanda potencial de crédito de los sectores que no acceden al sistema financiero formal, el dinamismo del sector resulta particularmente importante en la presente década.

El mapa actual de las instituciones que actúan en el sector es mucho más complejo y rico que hace una década atrás, calculándose que existen más de trescientos entidades que desarrollan programas de microcréditos con una cartera activa de cien millones de pesos que brindan este servicio financiero a más de 55 mil emprendedores de la economía popular (Higa 2008). Esa variedad de entidades incluye organizaciones internacionales, bancos comerciales, organizaciones no gubernamentales dedicadas a las microfinanzas, organizaciones territoriales que desarrollan programas de microcrédito junto con otras actividades de promoción socioeconómica y comunitaria. En este último sentido se destacan dos programas públicos de la última década que tendieron a impulsar las actividades microcrediticias de de éste tipo de organizaciones.

Por una parte en el año 2002 se creo en el marco del Ministerio de Desarrollo Social el programa denominado Banco Popular de la Buena Fe, que entre dicho año y el 2007 otorgó de manera descentralizada 23 mil crédito a unos 20 mil prestatarios ^[21]Para éste último el BPBF contaba con 65 organizaciones regionales de coordinación y 443 organizaciones locales que desarrollaban en todo el país programas de microcrédito. La mayoría de éstas organizaciones locales se formaron en el proceso de eclosión de la crisis socioeconómica argentina (el 61% desde el año 2000 en adelante) y desarrollan esta actividad de manera complementaria a otras funciones de promoción socioeconómica tales como promoción social, educación y capacitación, promoción laboral, cultural y de salud.

Por otra parte al mismo tiempo en el año 2006 se promulgó la Ley de Promoción del Microcrédito, por medio de la cual se creo un programa específico^[22] con un fondo nacional de unos $ 100 millones, para apoyar programas de microcrédito desarrollados por entidades sin fines de lucro que colaboran con el desarrollo de las políticas sociales y se asocien en consorcios o redes territoriales para implementar los fondos otorgados. Dichos fondos se aplican a la capitalización de instituciones adheridas, subsidiándose total o parcialmente la tasa de interés, gastos operativos y de asistencia técnica de las mismas, eximiéndose también de cargas fiscales como impuesto a las ganancias o al valor agregado. Un elemento interesante desde el punto de vista de convergencia organizativa es que las organizaciones que postulen acceder a dichos fondos deben asociarse entre sí territorialmente, ya sea en Redes de microcrédito (cuando no participan organismos del estado) o bien Consocios cuando además de las entidades no gubernamentales también integran los mismos gobiernos locales o provinciales. Presentamos a continuación una síntesis de dos experiencias de la Provincia de Buenos Aires, la Red del Conurbano Sur y el Consorcio de Gestión Compartida para el Desarrollo Local.

Consorcio de Gestión Compartida para el Desarrollo Local

de la Provincia de Buenos Aires

El Consorcio de Gestión Compartida para el Desarrollo Local es el resultado del trabajo conjunto del gobierno de la provincia de Buenos Aires con organizaciones de la economía social y solidaria que viven en su territorio. El espacio se convoco ante la necesidad de pensar, formular y ejecuta r políticas públicas, estado y organizaciones, que sin delegar sus respectivos niveles de responsabilidad, promuevan y apoyen procesos de desarrollo local inclusivo, mediante la participación activa de los actores de la Economía Social en sus territorios, administrando en forma conjunta fondos de la Ley Nacional de Microcrédito

El Consorcio se propone fortalecer organizaciones, redes de organizaciones y municipios que lleven adelante estrategias de microfinanciamiento, de comercialización popular, de consumo asociado, de capacitación y asistencia a los productores y emprendedores, para fortalecer el crecimiento del sector de la economía social y solidaria en el ámbito urbano, periurbano y rural de la provincia.

Sus líneas de acción son: a) fondeo a organizaciones para el desarrollo de actividades de financiamiento a los actores de la economía social; b) fortalecimiento institucional y consolidación de capacidades de construcción territorial; c) apoyo a infraestructura productiva y de comercialización para los actores de la economía social y solidaria.

Integrantes: Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires; Fideicomiso Programa Fuerza Solidaria (Gobierno de la Provincia, Banco de la Provincia e Instituto provincial de Loterías y Casinos); Asociación Civil SEDECA (Secretariado de Enlace de Comunidades Autogestionarias, Mesa Abierta); Asociación Civil Ayuda Solidaria (Tandil y Centro de la provincia de Buenos Aires – Bancos Populares de la Buena Fé); Mesa Provincial de Organizaciones de Productores Familiares de Buenos Aires (Cooperativa Agropecuaria Asociación de Productores familiares de Florencio Varela y Asociación Civil CEDEPO). http://www.consorcioba.com.ar

Red Conurbano Sur (RCS)

La Red nace en el año 2006 ante la necesidad de articular acciones concretas en el territorio de las nueve entidades que integran la misma, las cuales desarrollan programas de microcrédito y acciones desde la óptica de la economía social en los partidos de Almirante Brown, Berazategui, Florencio Varela, Lomas de Zamora y Quilmes.

Las entidades que conforman la RCS actúan socialmente en una amplia de gama problemáticas vinculadas a las necesidades de los sectores populares (niñez, adolescencia y juventud, tercera edad, mujer y género, etc.), pero todas ellas han encontrado en el microcrédito un instrumento que les permite contribuir a mejorar la economía y reproducción social de las familias y comunidades con las que trabajan. De tal forma el microcrédito es concebido y operado en la Red como una herramienta de promoción socioeconómica, la cual se dirige principalmente a financiar capital de trabajo (adquisición de materia prima, insumos y mercaderías) de más de mil emprendimientos socioeconómicos populares de dichos distritos.

Así bajo la figura de “red de gestión asociada” la misma administra fondos públicos en el marco de la Ley 26117 de promoción del microcrédito, a través del vínculo institucional con la Comisión Nacional de Microcrédito del Ministerio de Desarrollo Social.

Pero la RCS tiene una perspectiva más amplia en su accionar, integrando estas líneas de microcrédito con otras líneas de financiamiento y apoyo al sector.

Por una parte de manera complementaria ha implementado otras líneas de finanzas solidarias, tales como créditos de mayor tamaño para la reconversión tecnológica o la incorporación de maquinarias y equipos, así como líneas especiales de financiamiento para oportunidades de negocio que fortalezcan el desarrollo económico local y generen mejores posibilidades de desarrollo sectorial. Tal es el caso del financiamiento de las “rondas de negocios” o círculos de crédito recíproco entre emprendimientos de la economía social, como espacio de compra-venta del sector que genera nuevos canales de comercialización y mejora la vinculación entre productores y revendedores de los sectores de indumentaria, calzado y accesorios del mismo territorio.

Per ello además de estas líneas de financiamiento incluye otras líneas de trabajo complementarias tales como capacitación, asistencia técnica, asesoramiento y acompañamiento permanente.

Entidades participantes: la Fundación Padre Obispo Jorge Novak, la Asociación Civil Nuestro Espacio Abierto, el Centro de Capacitación de la Comunidad Taller San José, El Comedor infantil Contra Viento y Marea, El Centro Cultural y Biblioteca Popular Daniel Ayala, la Asociación Civil Amigos para Ayudar, la CTA Solano la Asociación Civil EMAC, y la Asociación Civil Horizonte Propuestas para el Desarrollo Humano.

Tres de estas entidades integran a su vez la Mesa de Promoción de la Economía Social y Solidaria de Quilmes: AC Horizonte; EMAC Solano y Cáritas Quilmes.

Al mismo tiempo que el apoyo a las iniciativas de la economía popular, en los últimos años irrumpieron también una diversidad de prácticas socioeconómicas de carácter asociativo o comunitario que crearon nuevas formas organizativas o reconfiguraron las preexistentes pasando a desarrollar actividades económicas orientadas a la integración social. En efecto, emergieron también dos tipos de iniciativas asociativas en las comunidades locales, por una parte aquellas orientadas a la inclusión social de colectivos en situación de extrema vulnerabilidad sociolaboral (tales como personas con problemas estructurales de inserción laboral, jóvenes en proceso de recuperación de adicciones, personas en situación de calle, ex-convictos, personas con discapacidad física, usuarios de servicios psiquiátricos y de salud mental, etc.) y aquellas que han buscado dar nuevas respuestas a las necesidades sociales emergentes, particularmente de comunidades populares en alimentación, salud, educación, cultura o problemas socio-ambientales^[23].

Bajo la denominación de “emprendimientos asociativos” o “empresas sociales” estas experiencias muestran una dinámica emergente de interés y potencialidad, a pesar de que aún no cuentan con legislación específica de cooperación social como sucede en otros países del mundo -tal como el ejemplo pionero de Italia al respecto pero también con otros casos más recientes de la región como Brasil o Uruguay. Este es el caso de cerca de veinte experiencias de este tipo vinculadas a un proyecto de promoción de empresas sociales y a una red local específica (ver recuadro).

Proyecto Redes: Fortalecimiento de empresas sociales

REDESA (Red de empresas sociales argentinas)

El Proyecto Redes de Empresas-Redes de Personas: Programa de apoyo al fortalecimiento del sector de empresas sociales en Argentina es una iniciativa de cooperación entre Italia y Argentina con el objetivo de favorecer el fortalecimiento del sector en sus aspectos productivos, sociales e institucionales. En el plano institucional se propone contribuir a la consolidación de REDESA, espacio compartido por un conjunto de organizaciones que promueven el desarrollo sostenido y solidario del sector de empresas sociales en nuestro país.

REDESA nace en el año 2000 y está formada por veinte empresas sociales de diferentes rubros, tanto en el ámbito productivo como en el sector de servicios. Todas estas empresas sociales de REDESA trabajan con grupos vulnerables ofreciendo oportunidades de inserción laboral y social. Las mismas están integradas por más de trescientos socios activos; dan trabajo a más de doscientas personas en sus organizaciones y coordinan más de trescientos cuarenta voluntarios en sus actividades productivas, sociales y culturales. Operan y producen en los rubros de: panificación, servicio de catering; periodismo gráfico, arte y cultura; serigrafía, estampería y artesanías; reciclado de residuos; movimiento de suelo y parquización.

Participantes del Proyecto: COSPE Conosur (Cooperazione per lo Sviluppo dei Paesi Emergente); FADO (Federación de Agrupación de ONGs); REDESA (Red de empresas sociales argentinas). Ver http://www.redesa.com.ar

En tal sentido las experiencias vinculadas a dicho proyecto pueden catalogarse según las problemáticas que abordan en dos tipos principales: a) la inclusión social de grupos vulnerables, integrando a los mismos en emprendimientos sociolaborables; y b) la atención de necesidades sociales emergentes, desarrollando para ello actividades que generan puestos de trabajo. Como puede verse en el cuadro adjunto, en éste caso resulta mayoritaria la proporción de las mismas que se dedican a la primera de las finalidades, ya que tres de cada cuatro empresas tienen como orientación principal la inclusión sociolaboral de personas en situación de vulnerabilidad social específica. En efecto, este grupo de empresas asociativas que se dedican a la inclusión social trabajan con colectivos afectados por situaciones específicas de desventaja, entre los que sobresalen por la cantidad de empresas implicadas los grupos de jóvenes en condiciones de riesgo social, las personas (jóvenes y adultos) con discapacidades físicas o mentales, o la población que vive en situación de calle en la ciudad de Buenos Aires. Asimismo los otros dos grupos de destinatarios son ex-presidiarias y personas con padecimientos oncológicos, mientras que en otros casos de Argentina además de los grupos mencionados también hay importantes experiencias en servicios de salud mental o personas en proceso de recuperación de adicciones.

Un rasgo diferenciado de éste tipo de iniciativas de la economía solidaria es que por lo general articulan al mismo tiempo alguna combinación bienestar de la comunidad, integración social y potenciación de capacidades humanas de los implicados, incluyendo como hemos dicho una diversidad de experiencias que van desde las iniciativas asociativas comunitarias para atender a necesidades socieconómicas de sus territorios de origen a este tipo de emprendimientos asociativos de inserción sociolaboral.

Una tercera trayectoria de importancia es el crecimiento del peso relativo de las cooperativas de trabajo dentro de la socioeconomía institucionalizada, particularmente las nuevas cooperativas de trabajo autogestivo vinculadas a políticas públicas de hábitat y desarrollo urbano local, las cuales en muchos casos son impulsadas por movimientos sociales territoriales. En efecto, la última información disponible indica que sobre un total de 8.800 cooperativas vigentes al año 2006, casi 5.300 de ellas habían declarado como objeto social ser cooperativas de trabajo. El número de trabajadores declarados también resultaba relevante, siendo que los socios de las cooperativas de trabajo representaban más del 75% del total de los casi doscientos treinta mil puestos de trabajo generados en todo el sector cooperativo. Pero a su vez el 70% de dichas cooperativas de trabajo (3.700 cooperativas), habían sido creadas en el marco de programas públicos de hábitat o desarrollo local^[24]. Sin embargo en éste último caso la evidencia empírica de tipo cualitativo indica que estos números puede estar ocultando realidades mucho más complejas y problemáticas, tal como la transitoriedad de cooperativas de éste tipo una vez que concluyen las obras encaradas para dichos planes y programas.

De igual modo se destaca la importancia de las experiencias provenientes de empresas en situación crisis (quiebra, cierre o graves incumplimientos del contrato salarial) que fueron recuperadas por sus trabajadores dando continuidad operativa a las mismas con el objetivo principal de preservar fuentes de trabajo. Si bien este proceso se desarrollo tempranamente en países como Italia o España (entre fines de la década de 1970 y la siguiente), en Argentina tuvo su mayor apogeo en los años centrales de la crisis (desde fines de los años ’90 y sobre todo entre el año 2000 y el 2002), pero que también se registra un nueva emergencia, aunque de menor dimensión relativa, con los coletazos de la actual crisis internacional. Es así que como puede apreciarse en el gráfico que sigue el pico de ocupaciones que dieron origen a estas experiencias se concentran en los principales años de dicha crisis. En otras palabras son consecuencia fundamental de los efectos negativos sobre la continuidad laboral que la crisis capitalistas generan, si bien han tenido un peso específico los antecedentes organizativos y de lucha previa de los trabajadores, así como en las tomas más recientes la propia experiencia social del proceso de recuperación de empresa de todos estos años.

Fuente: Rebón J. y R. Salgado: "Desafíos emergentes de las empresas recuperadas: de la imposibilidad teórica a la práctica de la posibilidad" en Observatorio de la Economía Latinoamericana Nº 119 septiembre 2009. Accesible a texto completo en http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/ar/

Luego del apogeo del proceso de recuperación los años centrales de la crisis, se calcula que actualmente existen unas ciento cincuenta empresas recuperadas que generan más de diez mil puestos de trabajo. El proceso muestra en sí que la autogestión de los trabajadores logró aquello que la gestión del capital se declaró incapacitada de hacer, la continuidad productiva de las propias empresas. No obstante, pasados los años principales del apogeo del proceso, en términos generales los desafíos actúales también resultan significativos y van desde el pase de propiedad de las empresas a manos de los trabajadores (se calcula que aproximadamente un tercio de las que están en vigencia lo han logrado), el mejoramiento de su capacidad productiva, capitalización e innovación tecnológica, la ampliación de su inserción de mercados, el fortalecimiento de sus cuadros técnicos y dirigenciales.

En tal sentido los últimos años hay alguna instancia gubernamentales de apoyo a las mismas, particularmente dentro del Ministerio de Trabajo de la Nación, así como proyectos de cooperación internacional que han buscado impulsar las capacidades de organización colectiva, mejoramiento productivo e inserción territorial de las mismas, tal como el Proyecto que se sintetiza en el cuadro siguiente.

Proyecto Redes de Empresas Recuperadas

El Proyecto redes de empresas y redes de personas, programa de fortalecimiento del sector de Empresas Recuperadas en Argentina como factor de desarrollo local de la zona sur del Gran Buenos Aires (Berazategui, Florencia Varela y Quilmes) se propone promover la generación de empleo e ingreso de la población ocupada precarizada, subempleada y desempleada de dichos municipios

Los destinatarios directos del mismo son: unos trescientos trabajadores de doce empresas recuperadas de la zona sur del Gran Buenos Aires (GBA) involucrados en el Consorcio Productivo del Sur; más de seiscientos trabajadores de otras dieciocho empresas recuperadas del GBA; 150 jóvenes y 200 mujeres seleccionados entre los familiares de los trabajadores de las empresas recuperadas o vinculados al entorno social y geográfico de éstas.

El Proyecto ha contribuido al fortalecimiento de las empresas recuperadas participantes así como del Consorcio Productivo del Sur que conformaron las mismas, brindando formación, asistencia técnica, acompañamiento institucional, encuentros y viajes de intercambio de experiencias. Asimismo en el 2007 se inauguró la Unidad de Gestión de Diseño Industrial (UGDI) la cual brinda servicios de diseño industrial; gráfica e ingeniería de producto, puntos de venta; diseño gráfico

Entidades promotoras: COSPE (Cooperazione per lo Sviluppo dei Paesi Emergenti-Italia); MLAL (Movimento Laici America Latina–Italia); FUNDEMOS-UOM (Fundación para el estudio y el rol del movimiento obrero en la democracia y la transformación social-Argentina). Ver: www.proyectoredes.com.ar; www.cospe.org.ar/

COSPE Conosur y FUNDEMOS participan a su vez en la Mesa de Promoción de la Economía Social y Solidaria de Quilmes.

Una cuestión importante desde el punto de vista organizativo resulta la búsqueda por incorporar estas experiencias de nuevo cooperativismo de trabajo dentro de los espacios institucionalizados, sea por caso dentro de algunas federaciones del movimiento cooperativo o de las estrategias o estructuras del movimiento sindical^[25] y más aún la reciente confluencia organizativa del cooperativismo de trabajo con la conformación de la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT).

Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT)

Recientemente se conformó la CNCT con la integración de veintiún federaciones de cooperativas de trabajo (FECOOTRA; FACTA; FECOOAPORT; FECOOTRAUN FLORENCIO VARELA; FECOTRAUN CORRIENTES; ANTA; FECOOTRAR; FERYCOOTRA; PADRE CARLOS MUGICA; FEDERACION EVITA; RECONQUISTA; FECOSOL, FECOSANTA CRUZ; COTRAFER; ADICCRA; IFICOTRA; FEDERACION OBRA PADRE MUGICA; UMISCOOP; FEDERART; RED GRAFICA). La confluencia organizativa del cooperativismo de trabajo constituye un hecho de relevancia por el creciente peso del mismo en las últimas décadas y por la desarticulación histórica en su conformación. Esa confluencia además de permitir mejores condiciones para la defensa reivindicativa del sector, constituye una plataforma organizativa más propicia para la articulación y negociación con el estado y para avanzar en propuestas de legislación y normativas más adecuada al desarrollo del sector.

Llegados a este punto resulta conveniente ir concluyendo presentando un paneo de las principales actividades y orígenes de esas nuevas iniciativas socioeconómicas en el caso argentino.

En tal sentido las mismas han tenido mayor potencialidad de desarrollo en algunas áreas y actividades económicas en particular, entre las que pueden destacarse:

a) producción o servicios desarrollados por medianos y grandes establecimientos originados en las experiencias de empresas recuperadas por sus trabajadores;

b) articulación asociativa en la producción, logística y/o distribución entre productores de pequeña escala, manufacturas locales, formas de producción artesanales, etc.;

c) construcción, reparación, mantenimiento y refacción de viviendas, centros comunales, infraestructura de servicios y autoconstrucción colectiva, particularmente con algunas experiencias que se desarrollan en el marco de programas públicos de hábitat e infraestructura señalados;

d) gestión de servicios sociales, tales como comedores comunitarios, centros socioculturales y recreativos, asistencia socioeducativa;

e) canalización de financiamiento y ahorros hacia finanzas solidarias entre las que se destacan los programas de microcrédito;

f) mercados sociales, ferias francas, redes de trueque y algunas experiencias de comercio justo;

g) protección del medio ambiente, recolección y reciclaje de residuos, en particular en zonas urbanas con elevada degradación socioambiental;

h) iniciativas emergentes en servicios personales, que si bien aún no tienen la dimensión que en otros países, muestran alternativas de interés en servicios tales como cuidado domiciliarios de ancianos, personas minusválidas, atención terapéuticas, de adicciones, etc.;

i) medios de comunicación social y comunitaria, los cuales pueden tener una mayor incidencia con la creciente vinculación en red entre las mismas y más aún en el marco de la nueva ley de medios de comunicación;

j) experiencias de grupos y redes de consumidores de la economía social y solidaria, las cuales si bien hasta ahora constituyen experiencias muy puntuales, muestran caminos para avanzar en un área de mucha potencialidad como es el consumo solidario y responsable;

Estas experiencias de la nueva economía social comparten, en mayor o menor grado, una serie de características distintivas tales como:

Por último, pueden distinguirse distintos tipos de tradiciones colectivas que han dado origen a esta nueva economía social, pudiéndose distinguir al menos seis tipos principales desde donde se han generado las mismas:

Siendo que la expansión y crecimiento de este tipo de emprendimientos y organizaciones ha puesto en tensión a las estructuras más tradicionales de la socioeconomía así como a las entidades tradicionales de la sociedad civil, se potencia la necesidad de reconfigurar la identidad, finalidad, formas organizativas y reconocimiento legal de las mismas. Esa construcción de identidades colectivas compartidas requiere también potenciar confluencias organizativas que reconociendo la diversidad y riqueza de las distintas trayectorias, avance en procesos de representación colectiva unificada del sector para ganar en capacidades de negociación e incidencia política. Al mismo tiempo resulta un desafío potenciar el fortalecimiento económico del sector, facilitando también el acceso a conocimientos y tecnologías apropiadas y socialmente útiles. En éste último caso la consolidación y expansión del sector necesita del aumento de las capacidades técnicas, productivas, tecnológicas, económicas y comerciales. De allí también la importancia de profundizar el vínculo con el sistema científico-técnico y, en particular, con las universidades públicas con las cuales se ha comenzado a trabajar.

En definitiva un conjunto de experiencias que con sus avances y desafíos a afrontar enseñan un camino ya emprendido y por fortalecer de economía social y solidaria que liberando las energías del trabajo y las relaciones humanas, aúna economía y necesidades sociales, riqueza y trabajo, intercambio y solidaridad, fuerzas sociales y capacidades personales. Es decir una realidad social en construcción en la búsqueda por construir una sociedad cultural, económica y socialmente más justa e inclusiva.

^[1] Director del Proyecto CREES (Construyendo Redes Emprendedoras en Economía Social), Universidad Nacional del Quilmes. e-mail: rpastore@unq.edu.ar

^[2] Las primeras partes de este trabajo se basan en el “Estudio Diagnóstico de Empresas Sociales” realizado (con la colaboración de Selva Sena y Federico Bejarano) para el Proyecto Redes de Empresas-Redes de Personas: Programa de apoyo al fortalecimiento del sector de empresas sociales en Argentina, mimeo, 2009.

^[3] Es muy amplia la referencia bibliográfica sobre la cuestión, destacándose entre los principales autores para América Latina L. Razeto, J. L. Coraggio, P. Singer, Franca Filho o L. Gaiger.

^[4] Es decir una dinámica estructural que cuando la economía interna crecía tendía al mismo tiempo a generar déficit en el comercio exterior y/o déficit fiscal. Ver Braun O. y L. Joy “Un modelo de estancamiento económico. Estudio de caso sobre la economía argentina” en Desarrollo Económico Nº 80, 1981; Diamand M. “La estructura productiva desequilibrada en Argentina y el tipo de cambio” en Desarrollo Económico Nº 45, 1972

^[5] Portantiero, J.C., “Clases dominantes y crisis política”, Pasado y Presente, no 1 (nueva serie), año IV, abril/junio de 1973

^[6] En efecto, para el año 2007 mientras que el promedio de desempleo fue del 8,5%, en el caso de los hombres era sólo del 6,7%, en el de las mujeres del 10,8% y, más grave aún, en el caso de los jóvenes de 15 a 24 años ascendía al 26% Fuente Panorama Social de América Latina 2008, CEPAL, Santiago de Chile,

^[8] Decreto PEN 1602/09, “Asignación universal por hijo para protección social”

^[9] Según un reciente informe de la OIT Tendencias Mundiales del Empleo, en los tres escenarios proyectados para el presente año se sumarían al desempleo entre 8 y 30 millones de personas (Ver Global Employment Trends, International Labour Office Ginebra, Suiza, enero 2009).

^[10] Según el mismo informe por primera vez desde el 2003 se registraría en América Latina un aumento del nivel de desempleo, sumándose al mismo entre 1,5 y 3,0 millones de personas (Ver Global... 2009 op. cit.).

^[11] Dice el Reporte Laboral 2008 de la oficina regional de la OIT “Las proyecciones para 2009 han variado desde el 3.2% estimado por el FMI en octubre de 2008, hasta una fuerte desaceleración proyectada por la CEPAL de 1.9% en diciembre pasado”, Panorama Laboral 2008 América Latina y el Caribe (p.38), Oficina Regional de la OIT para América Latina y el Caribe, Lima, Perú, enero 2009

^[12] Ver el Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2008, (p. 4) CEPAL, Santiago de Chile, Diciembre 2008.

^[13] Así, si entre la década de ‘1970 y la del ‘2000 el ingreso promedio de Argentina en relación a los países desarrollados descendió poco más de veinte puntos (es decir que mientras en los ´70 el ingreso promedio de nuestro país representaba el 67% de los desarrollados, en la presente década cayó al 40%), en el caso de los sectores de menores ingresos esa caída fue mucho más pronunciada aún, pasando de representar casi un 50% en la década del ´70 a sólo un 16% en la actualidad –ver Kosacoff,B. (2009) “La crisis global económica y sus efectos en Argentina”, Disponible en: “www.eclac.org/argentina/default.asp”. ASAP, agosto 2009, Bs. As.,

^[15] Así sobre un cálculo estimado de 3,5 millones de hogares que para el Observatorio de la Deuda Social Argentina representa el núcleo duro de la pobreza urbana, se señala que el 89% tiene déficit de acceso a los servicios residenciales básicos; el 68% no tiene seguro de salud (prepaga u obra social) y el 50% no accede a asistencia médica por problemas económicos; el 48% no accede a clases de computación en la escuela; 47% tiene déficit de acceso a servicios de seguridad pública (con más de 2 de cada 10 hogares que sufren hechos de violencia o delincuencia) y el 60% no recibe ningún programa o plan social (Barómetro de la deuda social argentina Número 5. Año 2009, Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA, Bs. As.).

^[17] En tal sentido, dicho estudio sobre la deuda social señala (siempre para la misma población pobre de referencia) que más de dos tercios tienen desconfianza en los partidos políticos, sindicatos e instituciones gubernamentales; más de un tercio en las instituciones de la sociedad civil y cerca de un quinto en los medios de comunicación. En la dimensión subjetiva, casi la mitad dice no poder pensar proyectos a futuro; un tercio dice no saber qué hacer con su vida y más de un quinto evidencia riesgo de malestar psicológico (depresión). Y en los aspectos de relacionalidad social, más de la mitad no cuentan con otros para resolver sus problemas ni para recibir apoyo emocional, un tercio no cuenta con tiempo libre o no sabe qué hacer con él, y otro tercio usa el tiempo libre para ver televisión.

^[18] Pastore, Rodolfo (2006), “Diversidad de trayectorias, aproximación conceptual y pluralidad de proyectos de la Economía Social”, en Documento del Centro de Estudios de Sociología del Trabajo, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires.

^[19] Otras aproximaciones al carácter polisémico de la economía social como enfoque teórico e histórico, disciplina y tipos de organizaciones pueden verse en Bastidas-Delgado y Richer M. (2001), “Economía social y economía solidaria: Intento de definición”, en CAYAPA Revista Venezolana de Economía Social, Año 1, N° 1; Chaves R. (2003), “La economía social como enfoque metodológico, como objeto de estudio y como disciplina científica”, en Vuotto M. (2003) y Lévesque B. y Marguerit M. (2003), “La economía social en Québec: elementos teóricos y empíricos para el debate y la investigación”, ambos en Vuotto Mirta, Economía Social. Precisiones conceptuales y algunas experiencias históricas, UNGS-Altamira-Fundación OSDE, Bs. As.

^[20] Entre otras referencias históricas pueden verse los textos de Levesque y Mendell (2003) op.cit y Chaves R. (2003b), “Capítulo 3. El cooperativismo en la historia de la literatura económica”, en Monzón J.L. y A. Sajardo (2003), Elementos de economía social. Teoría y realidad. Ed. Universidad de Valencia, España.

^[21] Ver el informe “Sistematización de las prácticas del Banco Popular de la Buena Fe del 2002 al 2007”, Ministerio de Desarrollo Social, Buenos Aires, Argentina, 2008.

^[22] El denominado Programa Nacional del Microcrédito para el Desarrollo de la Economía Social “Padre Carlos Cajade”, el cual es administrado por la Comisión Nacional de Coordinación de Microcrédito dependiente del mismo Ministerio de Desarrollo Social.

^[23] Por ejemplo hay varias experiencias de emprendimientos sociales que trabajan en temas ambientales tales como limpieza, desmalezamiento y saneamiento de arroyos en zonas degradadas socio-ambientalmente del Gran Buenos Aires.

^[24] En orden de importancia por el número de cooperativas creadas los mismos son: Programa Federal de Emergencia Habitacional; Centros de Integración Comunitaria, Plan Agua Más Trabajo; Plan Manos a la obra; Obra Pública Municipal

^[25] Tal el caso de la conformación del ANTA (Asociación Nacional de Trabajadores Autogestionados) dentro de la CTA (Central de Trabajadores Argentinos) o del papel de la Unión Obrera Metalúrgica Regional Quilmes en el apoyo y fortalecimiento a las empresas recuperadas del sur del Gran Buenos Aires.